Confecoop Antioquia asegura que el actual Gobierno impulsó iniciativas para fortalecer el cooperativismo, pero la falta de ejecución impidió avances en inclusión financiera y desarrollo rural.
A semanas de concluir el gobierno del presidente Gustavo Petro, el sector cooperativo hizo un balance crítico de los resultados obtenidos. Aunque se reconoce que existió voluntad política para fortalecer la economía solidaria, se consideró que las principales apuestas quedaron a mitad de camino por problemas de implementación.
Así lo afirmó Rosa Yelena Granja, directora ejecutiva de Confecoop Antioquia, quien señaló que las políticas diseñadas para impulsar el cooperativismo no lograron traducirse en transformaciones concretas para las organizaciones del sector.
“El problema no estuvo en la formulación de la política sino en su implementación”, aseguró la dirigente gremial.
Según explicó, el Gobierno promovió iniciativas orientadas al fortalecimiento del cooperativismo, pero encontró resistencia en estructuras institucionales que, en su concepto, continúan operando bajo una visión tradicional del sistema financiero.
Para el sector, una de las principales oportunidades perdidas fue la apuesta por cooperativizar el campo colombiano. Granja considera que la propuesta era adecuada para fortalecer la asociatividad rural y contribuir a la transformación productiva del agro, pero sostiene que nunca logró desarrollarse plenamente. “La cooperativización del campo fue una iniciativa valiosa, pero no se comprendió”, afirmó.
La dirigente explicó que muchas entidades públicas continuaron evaluando a las cooperativas con los mismos criterios utilizados para la banca privada o para grandes empresas, desconociendo las particularidades de las organizaciones rurales y territoriales.
A juicio de Confecoop Antioquia, esa situación limitó el impacto que pudieron tener las políticas dirigidas a fortalecer los procesos asociativos en las regiones.
Otro de los objetivos que, según el gremio, no alcanzó los resultados esperados fue la inclusión financiera.
Aunque el Gobierno impulsó programas relacionados con economía popular y comunitaria, el cooperativismo considera que faltó un reconocimiento más amplio del papel que históricamente han desempeñado estas organizaciones en la atención de poblaciones excluidas del sistema financiero tradicional.
Granja aseguró que las cooperativas llevan décadas trabajando con personas que no tienen acceso a la banca comercial y que, pese a ello, no fueron incorporadas de manera suficiente dentro de las estrategias oficiales.
“Nosotros creemos en quienes históricamente han sido invisibles para la banca tradicional”, sostuvo.
La dirigente agregó que el reto sigue siendo construir mecanismos efectivos para que trabajadores, pequeños comerciantes, productores rurales y emprendedores accedan a crédito, ahorro y otros servicios financieros.
El sector también cuestiona que varias de las exigencias regulatorias impuestas durante los últimos años fueron diseñadas bajo parámetros propios de la banca tradicional.
Según Granja, las cooperativas tuvieron que adaptarse a nuevos modelos de gestión de riesgos y provisiones financieras sin que se reconocieran adecuadamente sus diferencias frente a las entidades bancarias.
La dirigente sostuvo que las organizaciones lograron responder a esas exigencias, pero advirtió que los procesos pudieron haberse desarrollado de forma más gradual.
“Muchas veces se diseñaron lineamientos pensando en la lógica de la banca privada y no en las particularidades de las cooperativas”, señaló.
Entre las inquietudes más recientes del sector se encuentra la implementación del esquema de finanzas abiertas que prepara el Gobierno.
Aunque las cooperativas respaldan la modernización tecnológica del sistema financiero, consideran que las nuevas obligaciones deben aplicarse de manera gradual y proporcional.
También reclaman que exista corresponsabilidad de las entidades públicas en la protección de la información compartida por las organizaciones solidarias.
“No puede haber exigencias para las cooperativas sin que exista la misma responsabilidad sobre la protección de los datos”, advirtió la directora de Confecoop Antioquia.
De cara al próximo gobierno, el cooperativismo insiste en la necesidad de una reforma normativa que elimine las restricciones que hoy enfrentan algunas organizaciones.
Según Granja, existen actividades que las cooperativas no pueden desarrollar directamente, como la intermediación de seguros o la operación de agencias de viajes, lo que las obliga a crear sociedades independientes para prestar esos servicios.
Además, considera que existe una “hipervigilancia” sobre el sector que no se aplica con la misma intensidad a otros actores económicos.
“Nosotros no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo igualdad de condiciones para competir”, afirmó.
Pese a las críticas, el cooperativismo mantiene una presencia significativa en la economía antioqueña. El departamento reúne cerca de 630 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados, con alrededor de 2,5 millones de asociados.
Solo el cooperativismo agrupa a 1,75 millones de personas, genera cerca de 40.000 empleos directos y representa entre el 30% y el 35% de la actividad cooperativa nacional.
Durante 2025, el sector registró ingresos superiores a los $7 billones y excedentes cercanos a los $200.000 millones.
Para Confecoop Antioquia, estas cifras demuestran que el cooperativismo sigue siendo un actor relevante para el desarrollo económico y social del país, pero advierte que el próximo gobierno deberá convertir en hechos las políticas que durante los últimos años quedaron, en gran medida, en el papel.
Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.
Regístrate al newsletter 
