El ascenso vertiginoso que observan los precios de la canasta familiar en los últimos meses, provocando alzas superiores al 100% en el valor de tubérculos como la papa, o mayores al 80% en productos como los plátanos o la yuca, tiene inquietos a productores, consumidores y Gobierno.
Para intentar contener las presiones inflacionarias en el bolsillo de los colombianos y reducir los costos de producción de alimentos, el Gobierno ha definido una serie de reducciones en los aranceles de insumos agropecuarios, como semillas, abonos, urea, cloruro de potasio, nitrógeno, sulfatos y algunos medicamentos para uso veterinario.
Mientras estas medidas surten efecto, se plantean otras fórmulas como el control de precios. Desde septiembre pasado, algunas voces del Congreso abogaban por la urgencia de definir medidas conducentes a bajar el precio de los alimentos, para no afectar el consumo de las familias más vulnerables y evitar el deterioro de su calidad de vida. “Hay que asumir con eficiencia y decisión los nuevos retos en torno a la inflación para diluir a tiempo sus fuertes efectos”, anotaban los legisladores.
En cintura
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene asignada la competencia de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de los regímenes de control de precios para agroquímicos, compra de leche cruda y medicamentos y dispositivos médicos.
Pero, en tiempos en los que se paga más por los artículos de la canasta familiar como la comida, el vestuario y los servicios públicos domiciliarios, la inquietud que surge es si sería conveniente ejercer una política de control de precios a otras categorías de artículos.
En teoría, esta figura ayudaría a contener la inflación, permitiendo estabilizar sectores que enfrentan grandes desequilibrios entre los costos de producción y los precios de venta. Además, impediría la especulación asegurando que las personas con menos recursos puedan acceder a los diferentes productos.
La propuesta está sobre la mesa en México, Argentina y Uruguay, pero en su gran mayoría los analistas económicos no ven las bondades de este tipo de decisiones. En el caso colombiano poco se habla del tema, pero los expertos no lo consideran conveniente.
¿Un mal mayor?
Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research en Colombia, sostiene que establecer un control de precios para los alimentos no es una solución eficiente.
“La inflación en esta división de gasto, en el contexto actual, ha estado altamente impulsada por el incremento de costos para los productores, lo que implica que la fijación de precios por entes externos reduciría mucho sus márgenes y terminaría por desincentivar la producción, lo que acarrearía problemas de desabastecimiento y por ende agrava el problema del alza de precios”, anota.
Recuerda que algo cercano a la implementación de controles de precios se ha intentado establecer en años previos para el mes de diciembre (2016, 2017, 2018), a través de un acuerdo voluntario entre las principales centrales de abasto del país y el Ministerio de Agricultura. No obstante, el efecto de estos acuerdos ha sido limitado.
Por su parte, Jesús Botero García, investigador de economía de Eafit, explica que la inflación que nos aqueja proviene de dos fuentes: desajustes entre una demanda que crece rápido y una oferta que reacciona más lentamente; y presiones internacionales de costos, que impactan a todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, cuya inflación anual, divulgada recientemente, llegó al 8,5%.
“En este sentido, impedir que los productores trasladen sus presiones de costo al precio, agudiza el problema de desajuste de oferta y demanda, y contribuye al aumento de precios, debido a la escasez que genera”, precisa Botero.
Desde la óptica de Ramón Javier Mesa, docente de Economía de la Universidad de Antioquia, atajar la inflación en una coyuntura tan compleja no es tarea fácil, especialmente porque los factores que explican este comportamiento de los precios tienen una alta relación con fenómenos externos.
Indica que estos están ligados con los elevados costos de los fertilizantes derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania; la escasez de contenedores y en general el alza de muchas materias primas que el país requiere para la producción de alimentos.
Ante este escenario, admite que la posibilidad de los controles de precios son una alternativa para frenar las subidas de precios de algunos alimentos representativos de la canasta familiar.
Pero, “es necesario tener cuidado con los mecanismos de implementación porque de los contrario pueden resultar altamente ineficientes y promover el acaparamiento de productos, sobre todo, en renglones donde existe una larga cadena de intermediarios”, advierte.
Hay mecanismos, pero...
El secretario de Agricultura de Antioquia, Rodolfo Correa, comenta que en el país sería posible un control de precios de los alimentos, gracias a la facultad dada al Estado por el artículo 334 de la Constitución Política, sobre la dirección general de la economía.
También señala que salvo los regímenes de control de precios existentes para los agroquímicos, la compra de leche cruda y los medicamentos, sería necesario una ley del Congreso, o una declaratoria de emergencia económica para que lo pudiera hacer el poder ejecutivo, en otros rubros.
El funcionario menciona que las experiencias en el mundo han mostrado que los efectos que tiene la regulación de precios en la estabilidad económica de un país han sido desastrosas.
“Francia lo intentó en algún momento y tuvo que echarse a atrás. Venezuela y Argentina lo hicieron y no lograron dar reversa a tiempo y sus economías se siniestraron”, dice.
En ese mismo sentido se expresa Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quien alerta que este tipo de mecanismo desencadena mercados paralelos. Y ejemplifica: “Fijar el precio de un producto que hoy tiene poca oferta por debajo del precio de mercado, como la papa o el arroz, lo que haría es que los productores no le vendan al canal oficial y se irían a un mercado paralelo donde les paguen mejor, y así el control de precios no surtiría ningún efecto”.
Otra voz en contra de un eventual control de precios y alineada con las consideraciones de la SAC es la de Luis Fernando Mejía, director del tanque de pensamiento Fedesarrollo, quien lo califica como una idea que no es buena.
Según precisa entre los efectos estaría un desabastecimiento de gran cantidad de bienes y servicios que no se venderían a precios regulados por el Estado. “Y de manera complementaria veríamos la creación de mercados paralelos, en los que se transarían a precios de mercado los artículos, es decir por encima de los valores fijados”.
Claudia Bustamante, economista principal de Fenalco Antioquia, tampoco le apuesta al control de precios. “No pensaría que esa sea la solución, aunque puede funcionar en el corto plazo; sin embargo, se olvida de atacar el problema de fondo que es la dependencia que tenemos de los insumos importados y la falta de producción local de alimentos que antes producíamos”.
Opciones
Sergio Olarte, economista de Scotiabank Colpatria, sugiere que una alternativa distinta a un control de precios es atender las señales de mayor depreciación del dólar para incentivar la producción doméstica, lo que posibilitaría incluso producir urea en Colombia u otros insumos, para no depender tanto de ese tipo de importaciones.
El analista está de acuerdo con los ajustes alza a la tasa de interés que el Banco de la República ha aplicado para estimular el ahorro y desestimular el consumo de los hogares en bienes que no son de primera necesidad.
En ese aspecto, Laura Peña, economista de BBVA Research en Colombia, agrega que el aumento de las tasas de intervención evita que el choque inflacionario, que se estima de carácter transitorio, se torne permanente como resultado de una formación de precios contaminada por altas expectativas inflacionarias.
“La coyuntura actual es útil para reflexionar sobre la necesidad de políticas estructurales para fortalecer y organizar la producción agrícola, con un enfoque en la productividad y la competitividad, que permitan que a futuro choques similares tengan menores repercusiones sobre el nivel de precios de los alimentos”, dice Peña.
El decano de la Escuela de Economía y Finanzas de Eafit, César Tamayo, apunta a que las rebajas temporales de aranceles a productos importados como las anunciadas pueden contribuir en algo a mitigar la actual coyuntura.
“Incluso, si llegase a ser necesario, se podría subsidiar la producción de algunos bienes y servicios o su importación, de manera temporal. Esto sería preferible”, expresa Tamayo.
Por último, el profesor Botero plantea que para la mitigación del impacto de la inflación sobre las clases menos favorecidas, puede hacerse mediante una prima de vida cara única, excepcional y focalizada, que se tramite a través del esquema de Ingreso Solidario, y buscando aprovechar el espacio fiscal adicional que ha resultado del incremento de recaudos observado en el curso del año (ver Antecedentes).
“A marzo de 2022, se habían recaudado $53,7 billones, un 111,2 % de la meta planteada. Utilizar parte del recaudo adicional para compensar a los mas pobres (4 millones de familias cobijadas por el programa de Ingreso Solidario) con una transferencia única para compensar el costo de vida, podría aliviar muchos de los peores efectos de la inflación, que asciende ya, para el grupo de los más pobres, al 10,46% en marzo (inflación anual)”, concluye
8,53%
inflación acumulada en los últimos doce meses en Colombia, según el Dane.
7,04%
pronóstico del IPC al cierre de 2022, según Encuesta de Expectativas del Emisor.
