En un momento en el que el sector extractivo viene advirtiendo de las consecuencias de la reforma tributaria, que está afectando la seguridad jurídica y desestimula la inversión, EL COLOMBIANO habló con Santiago Cardona, vicepresidente de Mineros Colombia Aluvial.
El directivo explicó que en un año en el que la compañía decidió salir de Argentina, los activos en Nicaragua y en Colombia están dando muy buenos resultados, aunque advirtió que la principal preocupación se da por la inseguridad en el Bajo Cauca.
¿Cómo han logrado ustedes mantener su negocio durante el tiempo en una zona tan compleja como el Bajo Cauca?
“Es muy importante el trabajo articulado con las comunidades. Hemos escuchado al Comisionado para La Paz, Danilo Rueda, quien reconoce que estos grupos ejercen presiones para estar en las conversaciones de paz total. Eso genera una presión que de manera cíclica ha estado en el territorio del Bajo Cauca. Entonces, independiente de esos ciclos, para nosotros es vital trabajar con las comunidades, involucrarlas, tenerlas en cuenta, y tratar de generar más oportunidades. Tener empresas mineras formales en el territorio es la posibilidad de generar oportunidades de índole social y productiva a esas comunidades, en donde haya una convivencia”.
¿Cómo se materializa esa convivencia?
“Con ellos tenemos proyectos productivos, ya son más de 1.200 hectáreas de caucho, en donde empleamos 100 personas, tenemos los programas de formalización minera que son alrededor de 300 personas, pero también programas de piscicultura, programas de apicultura, involucrando mucho a la mujer. Para nosotros esa es la clave de estar en un territorio complejo. Pero que en últimas, si se brindan oportunidades en diferentes ámbitos, esas comunidades van a estar ahí con nosotros”.
Quisiera enfocarme en la formalización, a la que el gobierno le está poniendo mucho empeño. ¿Cómo responden los mineros? ¿Y cuáles son las dificultades específicas en el Bajo Cauca?
“Este es un tema que venimos conversando con todos los gobiernos, porque nosotros este programa lo tenemos hace 8 años. Venimos trabajando en contratos de operación, que es la manera que hemos encontrado de regularizar esa actividad. Y el gran reto es que de verdad se favorezcan a las personas que toman la decisión de formalizarse, porque es más difícil, es más costoso y tiene más dificultades de trámites que ser informal. Tenemos que estar limitados a áreas donde el instrumento ambiental nos lo permita. Entonces el gran reto es decirle a estos muchachos, a estos mineros que quieren hacerlo, que esto sí paga”.
¿Y ese proceso qué resultados ha dado hasta ahora?
“Ya tenemos alrededor de nueve dragas formalizadas, pero afuera puede haber unas treinta que trabajan de manera informal e ilegal. Entonces es muy difícil para uno vender el modelo, mientras están viendo a los informales ahí va ganando mucho dinero sin devolver nada al Estado y sin cuidar del medioambiente. También hay otro reto que es el licenciamiento ambiental, que se demora mucho o nunca llega, y resulta que el informal no necesita licencia”.
En el sector minero hay una gran preocupación frente al impacto de la reforma tributaria del año pasado. ¿Cómo se ha sentido en Mineros?
“El impacto de la reforma tributaria se siente en todos los renglones, tanto personas naturales como empresas. Las empresas extractivas, además, tenemos el concepto de la no deducibilidad de las regalías, lo que incrementa de forma muy importante los costos y perdemos un poco de competitividad, pues hay que balancear entre esos costos y los ingresos, para poder seguir siendo rentables y sostenibles. Digamos que, para nosotros, son temas que podemos manejar”.
Mineros viene siendo una de las empresas líderes en Obras por Impuestos en Antioquia, ¿por qué decide meterse en ese programa que es tan complejo de ejecutar sabiendo que pueden simplemente pagarle a la Dian.
“Hace parte de nuestra gran apuesta que hacemos por los territorios, ir más allá de lo que hacemos. Hacemos estas obras porque queremos llevar un bienestar y valor social agregado a los territorios donde estamos. Nosotros pagamos alrededor de 19 impuestos y el que más se asocia al sector extractivo son las regalías, que no se ven en el territorio, porque usualmente los territorios mineros y extractivos tienen unos altos índices de pobreza y muy bajos de desarrollo socaial. Y para nosotros es muy compleja esa situación, porque nosotros pagamos un montón de impuestos, pero no somos quienes los aplicamos, los aplica el gobierno. Entonces aparece este mecanismo de obras por impuestos que me parece espectacular. Ojalá pueda haber también obras por regalías.
Ya hemos hecho dos tramos de la vía El Bagre - Escarralao- Palizada que conecta el puente con el Puente de la Libertad y la Troncal de la Paz. Y eso permite que El Bagre pueda tener conexión con la Costa, con Medellín, con inversiones de $38.000 millones.
Y este año estamos ejecutando dotación de computadores y tecnología para 4.000 niños en las escuelas rurales”.
Los gremios vienen manifestando que las empresas no quieren invertir porque sienten que este Gobierno no les brinda seguridad jurídica ni reglas del juego claras. ¿Es el caso de Mineros?
“Nuestras principales inversiones en Colombia son de sostenimiento y las seguimos haciendo normalmente. Pero la inversión en crecimiento sí la tenemos bajo análisis, enlazado a nuestros permisos ambientales y a la permanencia del negocio en el momento. Hasta ahora, tenemos algunos proyectos de inversión: vamos a comprar una nueva draga que está en proceso, vamos a construir una nueva planta para el proyecto Llanuras y estamos analizando la posibilidad de hacer un parque solar apuntando a esa política de transición energética que también promueve el gobierno”.
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