El lunes un juez embargó cuentas del Gobierno Nacional para el mismo propósito.
El pasado mes de febrero la Liga Nacional de Usuarios, el Comité de Desarrollo y Control Social de los servicios públicos domiciliarios “Conectémonos”, y un grupo de Vocales de Control de Valledupar radicaron una Acción Popular ante la vulneración de los derechos colectivos por parte de la Nación, y los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, para que se protejan los derechos e intereses colectivos de los usuarios, con varias medidas.
La idea de los promotores de la Acción Popular es que se garantice la prestación continua y de calidad del servicio de energía eléctrica en la Costa Atlántica, que se ordene al Gobierno Nacional la adopción inmediata de decisiones urgentes para garantizar la financiación del servicio, la cancelación inmediata de los subsidios adeudados a los estratos 1, 2 y 3, la asunción y pago de la opción tarifaria que el Gobierno se comprometió a cubrir desde el mes de mayo del año 2024 y la implementación de mecanismos financieros para evitar la suspensión del servicio.
“La admisión de la Acción Popular, constituye una extraordinaria noticia, para los agobiados usuarios del servicio de energía de la Región Caribe, amenazados por la interrupción del servicio y por más aumento de sus tarifas, ante el prolongado e injustificado incumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales del Gobierno Nacional, y los ministerios de Minas y de Hacienda, por concepto de subsidios a los estratos pobres y de la opción tarifaria. Decisión que calificamos como muy positiva al coincidir, además, con la orden reciente de un juez Administrativo de Bogotá, de embargo de cuentas del Gobierno Nacional para el mismo propósito.
“Convocamos a todas las organizaciones sociales, gremiales, sindicales y de usuarios, en general, a presentar sus memoriales de coadyuvancia, en procura de fortalecer aún más la justa reclamación de la comunidad Caribeña”, mencionó Javier Gaviria Betancur, presidente de la Liga Nacional de Usuarios.
El dirigente enfatizó en que la iniciativa busca que el Gobierno Nacional pague lo que constitucionalmente es su obligación, aportar los recursos que ya asumieron las empresas prestadoras al facturar con descuento a los usuarios residenciales de estratos pobres, y que también ya los usuarios contribuyentes aportaron en sus facturas.
