Con la decisión del Gobierno de prohibir todo tipo de pesca de tiburones, anunciada el jueves por el presidente Iván Duque, expertos consultados por EL COLOMBIANO consideran que el país frena el impacto negativo que esta práctica tiene en una especie encargada de mantener el equilibrio del océano. Además, que se abre la puerta a nuevas estrategias de desarrollo entre las comunidades costeras.
Y es que si bien desde 2017 la pesca industrial de tiburones estaba prohibida en el país, aún era permitido tanto la pesca artesanal como la captura incidental, es decir, cuando en medio de la actividad pesquera se capturan accidentalmente tiburones.
Riesgosa confusión
Justamente hace un año, la Resolución 350 del 25 de octubre de 2019 había causado rechazo entre la academia y el ambientalismo por dos razones: primero porque permitía una cuota de extracción de 475 toneladas de tiburones; 350 en el Pacífico y 125 en el Caribe, la misma cifra permitida desde 2011 a pesar de que, como lo señalaron expertos como Juan Armando Sánchez, director del Laboratorio de Biología Molecular Marina de los Andes, el “país lleva una década en mora de conocer el estado real de esta especie”.
Pero lo más polémico fue la inclusión de una cuota de 15,1 toneladas para aletas de tiburón, algo que fue entendido por la comunidad experta y la opinión pública como un incentivo al aleteo, práctica ilegal en la que se capturan ejemplares para cortarles las aletas y arrojarlos moribundos al mar.
Tanto el entonces ministro de Ambiente Ricardo Lozano como el extitular de la cartera de Agricultural, Andrés Valencia, aclararon que lo que se buscaba era regular la comercialización de pesca incidental y artesanal y combatir el aleteo estimulando el aprovechamiento integral de este recurso pesquero.
Ahora, según explica el director de Conservación Internacional, Fabio Arjona, después de confusión y confrontaciones“el Gobierno, academia, organizaciones y comunidades empiezan a hablar el mismo idioma”.
Salud para todos
En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora de la fundación Malpelo, Sandra Bessudo, explicó que la decisión no solo va en favor de la conservación de la especie sino hasta de la salud pública.
“Los tiburones se alimentan de los peces débiles y enfermos y su presencia es sinónimo de equilibrio y bienestar en los mares. Además, hay robusta evidencia de que existen altas concentraciones de mercurio en las aletas y en general el organismo del tiburón que se convierte en una amenaza para las comunidades”, dijo.
Añadió Bessudo que esta decisión ayuda al país al cumplimiento del convenio Minamata, ratificado en 2019, y que evidencia la dimensión del problema de salud pública, como las alteraciones genéticas a los pobladores, derivadas del contacto con mercurio.
Un recurso diferente
Fabio Arjona pondera que el tiburón pasará de ser un recurso pesquero a ser uno hidrobiológico, es decir, “se les ofrece las condiciones para que cumplan con sus funciones ecosistémicas y gracias a ello obtener un beneficio. Por ejemplo, la presencia de tiburones garantiza diversidad de peces y la buena conservación de algas y arrecifes de coral”
Ahora –dice Sandra Bessudo– para que esta medida tenga verdadero alcance hay dos retos importantes por delante. Primero, la socialización con las comunidades costeras y crear una estrategia de control eficiente.
El ministro de Ambiente, Carlos Correa, dijo que estiman que unas 550 familias en el litoral Pacífico y el Caribe, especialmente en La Guajira, realizan pesca artesanal de tiburones como actividad ancentral y de subsistencia.
En ese sentido, Correa manifestó que entre los ministerio de Ambiente y Agricultura planean desde ya algunas estrategias como los negocios verdes y el pago por servicios ambientales, que actualmente arroja resultados contra la deforestación en la Amazonia.
Anibal Trejos Urbino, representante de Asociación de agricultores y pescadores artesanales del Pacifico, dice sentirse inquieto con la noticia, aunque asegura que los pescadores de la región están dispuestos a unirse a cualquier propósito para la protección de los recursos siempre.
“Los pescadores artesanales no somos depredadores del tiburón ni de ningún otro recurso pesquero; somos los primeros interesados en que se mantengan las condiciones que garanticen su existencia: tiempos de reproducción, aprovechamiento de todo lo que deja la faena, pero sí debe quedar claro que cada medida de estas genera un impacto económico en nuestras familias que atención”, dice.
Precisa que si de verdad el Gobierno quiere lograr un control efectivo de la pesca de tiburones, necesita disponer de más recursos, personal e integración con el gremio de pescadores artesanales.
“Tienen que mirar para afuera, y darse cuenta que tras el aleteo hay un tráfico internacional y gente operando irregularmente que está atacando nuestros recursos. Sedebe afrontar este problema tal como lo hacen con el narcotráfico, que despliegan capacidad, y en esa tarea la red de pescadores es muy útil en cuanto a monitoreo”, dice.
Precisamente, para la directora de la fundación Malpelo la importancia de esta decisión es el mensaje de cooperación que envía: “Es un punto de partida de trabajo conjunto y que nos va a permitir hacerle frente al desenfreno que hubo en pandemia, sin control, sin orden. Es, definitivamente, muy positivo”.
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especies de tiburón habitan en Colombia, distribuidas en 18 familias: MinAmbiente.
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