Un juzgado ordenó a EPM y la Alcaldía informar en qué va la enajenación de las acciones que el Distrito tiene en UNE, luego de que en agosto del año pasado el Concejo de Medellín diera luz verde para que se iniciara ese proceso.
La orden apareció en medio de una acción popular con la que se busca que información relacionada con esa venta se haga pública, sobre todo en cuanto a la valoración de dichas acciones.
Si bien dicha acción popular todavía no se resuelve, y es analizada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín, los requerimientos fueron impartidos en medio de unas audiencias que se vienen realizando.
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Además de informar en qué va la enajenación, el juzgado también le ordenó al Distrito hacer público en menos de 15 días unos documentos de soporte de una valoración realizada en el cuatrienio pasado (2020-2023), en los que las acciones de UNE quedaron tasadas en entre $2,3 billones y $2,8 billones, un valor que luego de las turbulencias que sufrió la compañía antes del cambio de gobierno se terminó desplomando hacia casi $1,6 billones.
¿De donde salió el proceso?
El abogado Esteban Manco Pineda, experto en derecho constitucional e impulsor de la acción popular, aseguró que con el recurso se buscaría darle mayor transparencia a la información asociada al proceso de la venta de UNE, sobre todo con miras a salvaguardar que dicha enajenación se haga con las cuentas lo más claras posibles.
Con miras a los debates que en 2024 se dieron en el Concejo, en los que la administración distrital obtuvo permiso para comenzar con esa operación, el profesor insistió en que nunca se supo el valor exacto de lo que se estaba autorizando vender.
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“Se dio una autorización sin tener un avalúo preliminar que permitiera a los concejales inferir cuál era el valor comercial de las acciones en ese punto específico, con el fin también de controlar posteriormente que no hubiese un avalúo inferior a un precio comercial estable”, planteó el abogado.
“Lo que se dijo allí en el Concejo fue que no había un avalúo preliminar en el comercio, sino que $1,6 o $1,8 billones, como lo diría el alcalde Federico Gutiérrez, sería una cifra que se obtuvo de los libros de las empresas. En ese sentido hay una distancia grande entre lo que son los libros a lo que valen económicamente en el mercado las acciones, que recordemos antes de 2023 se había dado una valoración por una firma especializada y que había arrojado el resultado de $2,3 a $2,8 billones”, expresó Manco Pineda.
Según sostuvo el docente, al no haber una cifra, presuntamente se habrían incumplido con la Ley 226 de 1995, que regula precisamente ese tipo de enajenaciones y que en su artículo 8 se refiere a la necesidad de avalúos preliminares cuando se trata de acciones propiedad del ejecutivo nacional.
En medio del debate que ha suscitado esa norma, desde la Alcaldía se ha sostenido que dicha norma no aplicaría en el caso de UNE.
“Para el proceso de autorización en el Concejo Distrital no se requería llevar una valoración de las acciones, toda vez que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7° de la Ley 226 de 1995, el estudio técnico que la contiene, sería objeto de aprobación por la Junta Directiva de EPM, como enajenante”, quedó plasmado en un oficio redactado por la Secretaría Privada el 12 de septiembre de 2024, en respuesta a un derecho de petición interpuesto por Manco.
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Precisamente en medio de esas versiones encontradas, Manco interpuso su acción popular, buscando que dicho proceso de enajenación se frenara hasta no haber información pública sobre el valor de las acciones.
De igual forma, señaló Manco, con la acción se buscaría conocer a través de documentación oficial que fue lo que pasó con la valoración de la compañía, para que el valor de las acciones de EPM pasara de un rango de $2,3 a $2,8 billones en el cuatrienio pasado, a unos $1,6 billones en 2024.
Sobre esta depreciación de las acciones, cabe recordar que Carlos Mario Tobón, gerente de Gestión de Negocios e Inversiones de EPM, había señalado que la misma ya se había consumado en 2023, precisamente cuando la compañía de servicios públicos tuvo que recortar en unos $330.000 millones sus transferencias proyectadas al Distrito.
No obstante, insistió entonces el ejecutivo, el valor definitivo de las acciones solo se conocería con base en un estudio que entonces se contrató, aclarando que el dato de los $1,6 billones preliminares salía de los libros contables de EPM, más no de una investigación de una banca de inversión.
Los tiempos de la venta de UNE
Entre tanto, cabe recordar que en aquel año EPM señaló esperar que en abril de 2025 iniciara la primera etapa del proceso de enajenación, en la que las acciones son ofrecidas a los denominados destinatarios especiales, dentro los que están trabajadores activos y pensionados de la entidad, las asociaciones de empleados y exempleados, sindicatos, fondos mutuos de inversión, fondos de cesantías y pensiones, y entidades cooperativas.
Tras surtirse este primer paso, que se estima tendrá una duración de al menos dos meses, la ley estipula una segunda etapa en la que las acciones podrán ser ofrecidas al público en general y cualquier particular o empresa (incluida Millicom). En 2024 se señaló que dicho paso podría estarse produciendo entre julio y septiembre de este 2025.
Tras completarse estos dos pasos, EPM podría ofrecer las acciones no vendidas a Millicom en derecho de preferencia.
En caso de que todos estos pasos se ejecuten y no se haya logrado hacer la venta, EPM podría invocar la cláusula de protección al patrimonio público, que si bien es un texto confidencial, en palabras resumidas obligaría tanto a Millicom como EPM a salir al mercado conjuntamente a vender toda la compañía.
En medio de esta discusión, la bancada del Movimiento Creemos en el Concejo de Medellín también creó una comisión accidental precisamente para hacerle seguimiento a dicho proceso, que sesionará el próximo 11 de marzo a las 3:000 p.m. para revisar cómo va el programa de enajenación.
