El defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad, Jorge Carmona, radicó este 15 de enero una acción de tutela que pretende cerrar la estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, donde hay cientos de personas recluidas a las que se les están violando todos los días sus derechos humanos.
La tutela es en contra de la Policía Nacional de Colombia, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Inpec, la Defensoría del Pueblo regional Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Medellín y la Contraloría distrital.
Todas estas entidades, asegura el demandante, vulneran constantemente, algunos por acción y otros por omisión, la dignidad humana y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Hay que recordar que esta semana se conoció el testimonio de una persona que estaba privada de la libertad en el calabozo de la estación, donde las condiciones de hacinamiento y de sanidad son lamentables, quien dice que después de recibir un golpe en la cabeza durante una noche perdió la consciencia y que cuando despertó ya no podía caminar.
No obstante, fuentes de la Policía han dicho que se trató de un accidente provocado por una caída y no de una agresión.
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De acuerdo con el último reporte del año 2024 de la Personería de Medellín, el hacinamiento en las estaciones de Policía superaba el 210%. Para mayo del 2024, cerca de 2.300 personas con detención preventiva (sindicados) permanecían en esos centros de detención transitoria.
Según ese reporte, en la estación de Policía de La Candelaria había un hacinamiento del 331%, pues tenía recluidas a 248 personas que superan su capacidad.
Otras estaciones con la misma problemática son: Manrique con el 850% de hacinamiento es decir, 85 personas más a su capacidad; Buenos Aires con el 670% de hacinamiento, con 67 personas por encima de su capacidad; Doce de Octubre con el 475% de hacinamiento, con 57 personas de más; Villa Hermosa con el 480% de hacinamiento, con 48 personas más de su capacidad; San Javier con el 440% de hacinamiento, con 44 personas adicionales y Castilla con el 308% de hacinamiento, con 77 personas de diferencia.
Para darle solución a esa grave problemática y en cumplimiento de una orden judicial, en Medellín, en el corregimiento de San Cristobal, se está construyendo una cárcel para sindicados con capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad.
La construcción de esta cárcel se contrató en 2023 mediante una alianza público privada. Eso quiere decir que el privado elegido pone la plata para construir la cárcel y la opera durante unos años. Recibe dinero por esa operación, el Estado le paga la construcción a plazos y, luego, cuando ya esté todo cancelado, el privado le entrega la cárcel y la operación al Estado.
El costo de la cárcel está estimado en $675.000 millones y la construcción deberá demorar tres años. Es decir, que debería estar lista para finales del 2026.
Es el primer centro penitenciario en Colombia que se contrata bajo este modelo. Para la construcción y operación de la cárcel, la Agencia APP de Medellín, entidad encargada de la obra, escogió a la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex), una megaconstructora en México, que para efectos de este contrato creó su filial en Colombia llamada Carmet Medellín S.A. Carmet fue la única empresa que se presentó al proceso y resultó seleccionada, luego de hacer un par de subsanaciones menores, en octubre.
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