Dos mandos policiales fueron afectados con una formulación de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación debido al rol que cumplieron al dejar en libertad a Timothy Alan Livingston, el estadounidense que protagonizó el hecho de explotación sexual infantil más sonado en Medellín el año pasado.
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Livingston fue encontrado el 24 de marzo de 2024 en un lujoso hospedaje de corta estancia en el sector de El Poblado con dos niñas de 12 y 13 años, a las cuales presumiblemente habría accedido sexualmente.
En el sitio fueron halladas las menores de edad en compañía del norteamericano. Además, en el inmueble las autoridades encontraron preservativos usados y estupefacientes.
Inicialmente, el hombre fue retenido por la Policía, pero luego fue dejado en libertad y huyó del país. Posteriormente la policía internacional Interpol dictó circular roja para propiciar su captura, pero hasta ahora esta no se ha producido.
En una primera versión, la Policía aseguró que no evidenciaron flagrancia una vez ingresaron a la habitación en la que se encontraba Livingston con las dos menores en estado de indefensión. Sin embargo, según explicó en su momento el ICBF, esta no era necesaria para poder detener y judicializar al sujeto.
“La norma no exige que haya constreñimiento, intimidación o cualquier forma de coacción para que se configure el delito. De hecho, el eventual consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal, siendo un agravante que la conducta es cometida por un turista y las víctimas son menores de (14) años de edad”, manifestó entonces la entidad que vela por los derechos de los niños y niñas.
Ante estos hechos, el ente de control disciplinario formuló cargos contra el comandante de la patrulla de vigilancia de la estación de policía de El Poblado, Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, quien habría omitido su deber al no poner a disposición de la autoridad judicial competente a Livingston.
“Para el Ministerio Público, el uniformado, presuntamente, omitió sus deberes al no adelantar las actividades de actos urgentes: prevención, verificación, acordonamiento del lugar de los hechos, protección del material probatorio, y evidencia física en ese hotel”, dice la Procuraduría en un comunicado.
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Por esta razón, según calificó la Procuraduría, el uniformado habría incurrido en una “falta gravísima, bajo la forma de culpabilidad dolosa, en concurso heterogéneo”.
Igualmente y también de acuerdo con este organismo, el comandante del CAI El Poblado, Andrés Felipe Montenegro Moreno, aparentemente no habría verificado la ejecución de las actividades de aseguramiento del lugar, protección del material probatorio y evidencia física que debían haberse efectuado por parte de la fuerza pública. Y por ello habría incurrido en una “falta grave bajo la forma de culpabilidad grave culposa”.
Luego del caso mencionado, las autoridades de Medellín emprendieron un seguimiento estricto de los casos de abuso contra menores de edad y su instrumentalización en redes de abuso para fines de explotación sexual, cuyos clientes eran sobre todo extranjeros. Ello dio como resultado varias capturas posteriores.
Igualmente, la Alcaldía ha implementado una campaña de concientización para evitar este tipo de situaciones, con la colaboración de agencias internacionales de investigación y los empresarios que dirigen aplicaciones tecnológicas que ofrecen hospedaje de corta estancia.
