Informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC señala que se estructuró y ejecutó un esquema orientado a limitar la libre competencia económica en la contratación para el Parque de las Aguas y que causó el detrimento.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un explosivo informe en el que también da luces sobre las graves denuncias de lo que ocurrió en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques en el cuatrienio pasado, que habrían derivado en un detrimento patrimonial de casi $1.300 millones.
Según el informe de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC –fechado el 2 de septiembre y publicado recientemente por el medio digital Punto de Vista RDB– se concluyó que las entidades e individuos investigados por parte de la entidad y que hacen parte del entramado, estructuraron y ejecutaron un esquema orientado a limitar la libre competencia económica en la contratación de bienes y servicios para el Parque Metropolitano de Las Aguas.
Para entender bien el caso hay que hacer un recorderis. Resulta que entre 2016 y 2019 el AMVA administró de forma directa el Parque de las Aguas adelantando 58 procesos de selección bajo modalidades competitivas para realizar diferentes tareas.
Sin embargo, en junio de 2020 y en un sospechoso giro, la empresa del conglomerado del Distrito Metroparques hizo una modificación formal de su objeto social para poder adicionar actividades de mantenimiento de infraestructura en su quehacer.
Tras este cambio, el 10 de febrero de 2021, desde el AMVA –regida entonces por Juan David Palacio, alfil de los hermanos Quintero Calle– se firmó el Contrato Interadministrativo No. 288 de 2021 por más de $7.700 millones con Metroparques para que esta entidad realizara varias actividades dentro del Parque de las Aguas, que antes hacía de forma directa el AMVA. La historia se repitió con el contrato 961 de 2021 por otros casi $8.000 millones.
La cuestión es que según la SIC, Metroparques no hizo ninguna actividad y sospechosamente se la delegó a terceros que terminaron comprometiéndose a hacer los trabajos. Aún así Metroparques cobró la comisión del 8% por administración de recursos, la cual se totalizó en $1.368 millones.
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Pero la investigación de la SIC determinó además que estos contratos fueron la apertura de un entramado que operó mediante dos conductas principales: el abuso de la figura del contrato interadministrativo para evadir los procesos de selección competitivos exigidos por la ley, y el direccionamiento de por lo menos ocho invitaciones privadas hacia contratistas específicos que carecían de la idoneidad técnica, operativa y financiera requerida.
Para la SIC, la tercerización derivó en un detrimento de casi $1.368 millones, pues Metroparques no ejecutó de forma directa ninguna obra material o técnica, ni aportó un valor agregado a la cadena de valor, sino que funcionó como una simple intermediaria que subcontrató el 100% de los requerimientos, generando un costo adicional e innecesario para el erario público.
La SIC citó en su informe que por ejemplo se adjudicaron varias órdenes de compra tras invitaciones privadas a las cuestionadas empresas JPino, 1Soluciones y Constru Americana, las cuales o no tenían idoneidad y mucho menos capacidad para realizar las tareas.
También, mencionó que por ejemplo –en la invitación privada No. 20211300932-46362– Constru Americana subcontrató la labor principal de cerramiento perimetral con otra empresa por $135 millones, a pesar de haber recibido la adjudicación desde Metroparques por $180 millones. Esta diferencia de $61 millones constituyó para la SIC un sobrecosto que se sumó a la comisión cobrada por Metroparques.
A raíz de esta situación, apenas el 9 de marzo de 2026 la SIC anunció una apertura formal de investigación y formulación de pliego de cargos, que derivó en una práctica de pruebas efectuada en mayo de este año. En agosto de 2026, se realizó la audiencia de alegatos finales que derivó en el informe recientemente conocido y en el que la Delegatura recomendó sancionar a los implicados que según el documento colaboraron, facilitaron, ejecutaron o hicieron la vista gorda ante dichas conductas.
De acuerdo con la SIC, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es una de las principales responsables del descalabro toda vez que –como entidad estatal contratante– justificó la contratación directa con Metroparques mediante contratos interadministrativos. Además, vio que Metroparques habría terminado actuando como una intermediaria sin capacidad técnica ni operativa para ejecutar las obras por sí misma, por lo que terminó subcontratando los bienes y servicios, y direccionando los procesos de compra internos.
La SIC también señaló a las empresas Comercializadora JPino, beneficiada con el direccionamiento de tres invitaciones privadas. A 1Solucines S.A.S., empresa recientemente constituida y sin idoneidad técnica ni financiera, beneficiada con el direccionamiento de tres invitaciones privadas y a Constru Americana S.A.S., empresa privada beneficiada con el direccionamiento de dos invitaciones privadas, que además recurrió a subcontratar con terceros las obras.
La entidad de control societario también acusó a Álvaro Alonso Villada García –subdirector de gestión administrativa y financiera del AMVA para la época y ordenador del gasto– quien firmó los contratos interadministrativos No. 288 y No. 961 de 2021, que según la SIC facilitaron el esquema de contratación directa sin verificar la falta de idoneidad de la ejecutora.
De igual forma apuntó a María Eugenia Domínguez Castañeda –gerente general de Metroparques para la época– quien suscribió el contrato interadministrativo No. 961 de 2021 según la SIC a pesar de conocer que la entidad que dirigía no tenía la capacidad de ejecutar directamente el objeto contratado.
Siguió con Viviana del Valle Velásquez –jefe de compras de Metroparques para la época– quien según la SIC desempeñó un rol central en el direccionamiento de las ocho invitaciones privadas al seleccionar estratégicamente a proveedores no idóneos para simular competencia, fijar el menor valor como único criterio de evaluación en procesos cuantiosos y adjudicar los contratos a las empresas direccionadas.
Continuó con Carlos Augusto Jaramillo Villarreal –secretario general de Metroparques para la época– quien de acuerdo con la SIC participó en el direccionamiento al validar y dar visto bueno en dos invitaciones privadas a certificados de experiencia que contenían objetos completamente distintos a lo contratado.
A raíz de estos hallazgos la delegatura recomendó a la SIC aplicar una sanción de casi 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los implicados. Así mismo solicitó enviar copia de sus conclusiones a los órganos disciplinarios, así como a la Fiscalía.
En Colombia la cartelización, si ocurre con empresas del sector público, no es solo una conducta que acarrea sanciones económicas, sino que puede tener consecuencias en el ámbito judicial, con penas de entre 6 y 12 años de cárcel y por ello sería un agravante más para varios alfiles del exalcalde Daniel Quintero que están dando explicaciones a los jueces por presunta corrupción.
De hecho, el propio hermano de este exmandatario ha sido mencionado como cabeza de un entramado para controlar la contratación en el AMVA, Metroparques, el Inder Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano; y sería, según testigos, un modus operandi que se habría replicado en casi todas las esferas del distrito durante la pasada administración. Este jueves, justamente, Quintero, Villada; la exfuncionaria del Área Vanesa Álvarez y el particular Sebastián Ortega serían imputados por presunto interés indebido en contratos y presunto peculado.
Uno de los dos casos que se investiga en el AMVA es un proceso en el que Villada García y la señora Del Valle Velásquez, lo mismo que Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques, están respondiendo por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Igualmente, están Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exjefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana, y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques.
Fuera de eso, en el mismo expediente figuran los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo; representantes legales de empresas contratistas, más una exfuncionaria del AMVA que está recibiendo beneficios judiciales a cambio de su colaboración con las autoridades. Pero igualmente hay otros presuntos implicados buscando que los acepten mediante la figura de “principio de oportunidad”.
Los hechos que se investigan acá son en parte los mismos que investiga la SIC, relacionados con una contratación por $17.450 millones para mantenimiento y algunas obras en el Parque de las Aguas.
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