Este martes en la tarde es el turno para que el abogado de Sebastián Ortega plantee por qué su cliente debe permanecer en libertad mientras que avanza el proceso penal en su contra por presunta corrupción, contrario a lo que solicitó el abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Mayer Abushihab.
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Ortega fue imputado recientemente por el presunto delito de peculado por apropiación dentro del proceso que se sigue por una contratación entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, con un monto total de $17.656 millones que habría presentado irregularidades.
Según la Fiscalía, Ortega, junto con Miguel Quintero (interés indebido en contrato y peculado por apropiación), el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y el exsubdirector administrativo y financiero del Área Álvaro Villada (interés indebido y peculado), se habrían apropiado de $2.481 millones como producto de coimas, y habrían sido coadyuvados por la asesora jurídica de la misma entidad, Vanesa Álvarez (interés indebido).
La fiscal 40 anticorrupción, que está encargada del caso, solo pidió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra Miguel Quintero, en tanto que el abogado Abushihab, quien representa a las víctimas, solicitó lo mismo para Ortega.
Después de escuchar primero los argumentos de la delegada de la Fiscalía y de Abushihab, este lunes el juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías oyó la contraargumentación del abogado Santiago Trespalacios, quien representa a Quintero. Además, el representante de la Procuraduría indicó que avala ese mismo pedido.
En el caso de Ortega, Abushihab empezó señalando que este habría cómo demostrar una “inferencia razonable de la presunta participación activa de este en el presunto ilícito y que este se habría apropiado de 133 millones de pesos a nombre propio y 266 millones para Miguel Quintero, o sea, unos $400 millones en total.
Otro motivo para pedir que esté entre rejas por lo pronto, es que existiría una estrategia para amedrentar a testigos fundamentales de la investigación, especialmente a Misael Cadavid, exgerente de los Bomberos de Itagüí, y a Laura Mejía, exfuncionaria del AMVA que colabora con la justicia, y que Ortega haría parte de ese plan.
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Así mismo, este tendría capacidad económica y facilidades para salir del país y evadir a la justicia, unido a un motivo como la posibilidad de enfrentar una pena superior a ocho años y de hasta 12 de prisión.
Este 29 de septiembre se espera que haga su intervención el abogado Billy Torres, en nombre de Ortega, para buscar desmontar esos argumentos.
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