El nuevo alcalde encargado de Medellín, Óscar de Jesús Hurtado Pérez, llega a esa silla luego de ser durante tres años y medio el hombre que manejó la chequera de la Alcaldía de Medellín.
Durante su paso por la secretaría de Hacienda, el Distrito quedó sumido en una situación contradictoria. Y es que pese a que la Alcaldía logró superar con creces sus expectativas de ingresos, disponiendo hasta mediados de este año con un presupuesto de $7,9 billones, múltiples secretarías y dependencias están sin plata para atender sus proyectos y necesidades.
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Recientemente, una de las afugias más críticas fueron las protagonizadas por el Hospital General de Medellín y la E.S.E. Metrosalud, que estuvieron a pocos días de quedarse sin especialistas médicos, luego de que estos denunciaran que ambas entidades acumulaban una deuda de $10.302 millones.
Mientras por el lado de Metrosalud esta fue la segunda vez que afrontó un problema de este tipo (en junio pasado tres agremiaciones médicas denunciaron pagos pendientes por $2.000 millones), en el caso del Hospital General esta fue la primera vez que la institución se vio en una situación así.
Otras instituciones que afrontan una profunda crisis presupuestal son las tres instituciones de educación del distrito – el Instituto Tecnológico Metropolitano, el Colegio Mayor de Antioquia y el Pascual Bravo– que en septiembre pasado estuvieron detrás de la radicación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Medellín con el que buscan obtener luz verde para obtener transferencias adicionales de EPM.
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En dicha iniciativa se busca que la compañía antioqueña desembolse $78.000 millones, con los que se cubriría un hueco para garantizar el pago de salarios a profesores, emprender intervenciones de infraestructura, entre otras tareas.
Según ha dicho la Alcaldía, el hueco de esas tres instituciones estaría en la reducción de transferencias de EPM que se conoció desde diciembre de 2022, cuando la empresa registró en sus cuentas un deterioro en la inversión de UNE y anticipó al Distrito que le dejaría de girar $330.000 millones.
Pese a esa reducción, que hicieron que el presupuesto de Medellín pasara de $8,3 millones a $7,9 billones, dicho rubro sigue siendo el más alto del cuatrienio.
Sumando todo el gobierno, dejando por fuera las adiciones y modificaciones que se realizan, la Alcaldía de Medellín ha dispuesto de por lo menos $25 billones entre 2020 y 2023, una cifra $6 billones por encima de los presupuestos entre 2016 y 2019; $9,1 billones por encima de los presupuestos de 2012 y 2015; y $14,6 billones por encima de los presupuestos de 2008 y 2011.
Sobre este panorama, Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría Todos Por Medellín y exdirectora del programa Medellín Cómo Vamos, advirtió que los indicadores de gestión mostraban además que las expectativas de ingresos habían sido superadas durante este gobierno.
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“La administración ha tenido los suficientes recursos para dar cuenta de las metas establecidas hasta el 2022 en el plan de desarrollo. Ese plan anual de inversiones, hasta 2022, hablaba de un cumplimiento en el 108,2%; es decir, un 8,2% más de lo que se había planteado inicialmente”, señaló Restrepo.
Asimismo, Restrepo añadió que los indicadores financieros del distrito daban cuenta de un incremento de la deuda. “Los recursos del crédito han estado por encima de lo que proyectó la Alcaldía, somos una ciudad más endeudada. Estamos hablando que al periodo 2020 - 2022 había una ejecución de 261%”, añadió.
En materia de deuda, pese a esos robustos presupuestos, la Alcaldía dejó varios líos pendientes para los gobiernos entrantes, como por ejemplo un atraso en el pago de sus aportes a los bonos pensionales, fijados en $236.166 millones para este cuatrienio y al que solo se le habían inyectado $46.996 con corte a 2022.
En una reacción en cadena, dicho retraso implicará que los próximos gobiernos deberán poner casi $1 billón para ponerse al día.
Además de estos problemas, tal como quedó plasmado en la última Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos, tareas básicas como el mantenimiento de la malla vial, la gestión de las basuras, el cuidado del mobiliario urbano y el mantenimiento de los jardines y las zonas verdes han sido los peor calificados por los ciudadanos.
En materia de ejecución presupuestal, a la Alcaldia también se le ha cuestionado privilegiar la contratación de la mayoría de sus proyectos de forma directa y haciendo uso de la figura de los convenios interadministrativos.
“De cada 100 pesos en Medellín, este año 62 pesos se han ido a contratos interadministrativos. Allá son unos agujeros negros, con la ESU, la EDU, Metroparques, Plaza Mayor, Metrosalud, ahí se va un montón de plata, donde se pierde después con la corrupción, los contratos amañados. Esa es la famosa ejecución: pasan toda la plata a una entidad descentralizada y allá hacen lo que les da la gana”, cuestionó por ejemplo el concejal del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya.
Por el lío de los bonos pensionales, cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar sobre el hoy alcalde encargado Óscar Hurtado.
