La negligencia mata, literalmente. En Medellín, la justicia ha determinado que las acciones, omisiones, errores, desidia y la incompetencia del Distrito a través de sus dependencias y funcionarios de diversos rangos desencadenaron en la muerte de 43 personas entre 1988 y 2023.
Y a esta lista de vidas perdidas por responsabilidad directa del Distrito podrían sumarse otras dos: la de Alexandra Salazar y Luis Gonzalo Estrada, la pareja que murió ahogada el 14 de enero de 2023 en el deprimido de Los Músicos en medio de las fuertes lluvia que azotaron a la ciudad aquella tarde noche.
La familia de la mujer fallecida demandó al Distrito, a EPM y a Emvarias para que sean condenados como responsables de la tragedia y obligados a pagar $1.845 millones como reparación. La firma Hernández y Palacios Abogados, que lleva el caso, presentará mañana en la solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación un arsenal de pruebas que evidenciarían la cadena de errores cometidas por estas entidades y que llevaron a la pareja a la muerte.
Si la conciliación no prospera seguramente el caso emprenderá un largo y desgastante proceso que puede tardar más de 10 años y en el que los familiares podrían quedar expuestos a revictimizaciones mientras el Distrito y las demás entidades involucradas adelantan su defensa.
En la demanda que interpusieron las familias de los tres músicos ahogados en septiembre de 1988 en el deprimido de la carrera 63D, entre las calles 42 y 44 –el mismo de la tragedia de este año– el municipio alegó que fue un asunto fortuito, una combinación de hechos infortunados que desencadenaron las fuertes lluvias y el desbordamiento de dos quebradas. Las familias tardaron 12 años para cambiar a su favor el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que en el año 2000 determinó que las tres muertes habían sido solo mala suerte, como alegó la Alcaldía.
El Consejo de Estado concluyó en 2012 que EPM y el Municipio sí conocían perfectamente los riesgos que tenían las quebradas aledañas al lugar y los defectos que tenía el deprimido y aún así no hicieron nada para remediarlo.
El año pasado el Distrito recibió otras dos condenas emblemáticas y millonarias. Llegaron una tras otra con 10 días de diferencia. La primera fue la condena por su responsabilidad en la tragedia del barrio El Socorro, el 31 de mayo de 2008, cuando una avalancha sepultó 20 casas y mató a 28 personas.
El proceso tardó 13 años y también en su defensa el Distrito habló de “fuerza mayor” y de una combinación de causas entre el aumento de las lluvias, la responsabilidad de un privado que abrió una escombrera sin permiso que fue determinante en la tragedia y, de paso, responsabilizó a las propias víctimas por “ocupar indebidamente el cauce de una quebrada”.
El Consejo de Estado comprobó lo contrario, encontró que el Municipio tuvo responsabilidad en cada factor que desembocó en la tragedia y que, incluso, pudo prevenirla con mucho tiempo de antelación.
Esta demoledora conclusión también apareció en el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia contra la Alcaldía por la caída del Space que dejó 12 fallecidos, y que se conoció el 15 de septiembre del año pasado.
Para dictar el fallo, el Tribunal documentó un extenso acervo probatorio, tan irrefutable como doloroso porque dejó en evidencia que desde abril de 2010, cuando un residente alertó a la Alcaldía de las fallas estructurales del edificio, comenzó una cadena de negligencias y omisiones, cada una más injustificable que la otra, que permitieron que 32 meses después el edificio colapsara. Todo esto sumado a los fallos en el proceso de vigilancia y control de la construcción.
Para las familias estos fallos son una reparación mínima, la posibilidad de hacer algún tipo de cierre a su tragedia. Pero para la ciudadanía la conclusión de estos procesos es más preocupante. Lo dijo el profesor de Responsabilidad del Estado, Andrés Mauricio Briceño Chaves, tras la tragedia de la pareja en el deprimido. Pareciera que la administración no aprende de sus errores y omisiones, que siempre llega tarde a pesar de tener la capacidad de prevenir muchas tragedias.
La inundación que mató a los músicos era evitable
El Consejo de Estado determinó que la vía quedó mal construida al facilitar el represamiento de agua. Aún así, la Secretaría de Obras Públicas recibió la obra y no hizo nada para adecuarla.
El alto tribunal concluyó que el municipio y EPM tenían pleno conocimiento de que las quebradas la Matea y la Picacha se desbordaban ante el exceso de lluvias e inundaban el deprimido arrastrando basuras, árboles y piedras por los problemas que además tenía el sistema de alcantarillado y que, en consecuencia, tenían certeza de que este tramo ofrecía enormes peligros contra la integridad de los ciudadanos. Aún así, no hicieron nada para prevenirlo y esto provocó la muerte de el 17 de septiembre de 1988 de Jesús María Velásquez Zapata (53 años), Luis Humberto Tejada Serna (35 años) y Marco Fidel Suárez Alzate (32 años). EPM y la Alcaldía fueron obligados a pagar $1.175 millones. 34 años después, estos mismos factores, más los errores y demoras en el protocolo de atención, habrían sido determinantes en el fallecimiento de la pareja.
La saga de negligencias en el caso del edificio Space
En abril de 2010 la Alcaldía recibió el primer reporte de fallos estructurales del Space. El informe concluyó que los técnicos “no podían afirmar la existencia de condiciones inestables”. Tampoco adelantó un informe que permitiera “corroborar el grado de vulnerabilidad y riesgo de la edificación, así como la seguridad de sus habitantes”. El Tribunal determinó que el Departamento de Planeación tenía que haber realizado una evaluación de la situación con personal calificado, con base en los diseños –que increíblemente no tenía–, con lo cual hubiera podido detectar a tiempo los errores y los incumplimientos con las normas de sismorresistencia y obrar en consecuencia. Pero la falta de vigilancia y supervisión ocurrió incluso mucho antes. Según explicó Laura Castaño Echeverri, apoderada de las víctimas, quedó en evidencia que el Municipio se dedicó a hacer un mero chequeo de requisitos que el constructor debía adelantar para obtener la licencia. Si hubiera adelantado un verdadero proceso de vigilancia se habría dado cuenta fácil de los groseros errores y vacíos que tenía desde el principio este proyecto.
El Socorro, una súplica que la Alcaldía desoyó
El 31 de mayo de 2008, luego de que una avalancha matara a 28 personas en El Socorro, comuna 13, el alcalde Alonso Salazar fue hasta la zona y prometió duras demandas contra el dueño de la escombrera ilegal que fue determinante en la tragedia. El Consejo de Estado tardó 13 años en concluir que la propia Alcaldía fue responsable del desastre. Las pruebas demostraron que el 28 de marzo los afectados llamaron al 123 a reportar movimientos de tierra. El Simpad visitó el lugar y le tiró el problema a Obras Públicas. El 2 de abril, el 20 y el 29 de mayo los vecinos desesperados rogaron ayuda a la Alcaldía, pero en cada ocasión el Simpad y la Alcaldía fueron y se limitaron a llenar reportes. Explica Javier Villegas, abogado de las víctimas, que aún cuando la tragedia se mostraba que era inminente, la Alcaldía no hizo absolutamente nada: no ejecutó obras para mitigar el peligro, ni para prevenir y tampoco reubicó a la gente. El Consejo de Estado condenó al Distrito a pagar $3.500 millones y lo halló responsable, además de estas omisiones, de no haber efectuado control para evitar que la escombrera ilegal operara durante años.
