Los abogados del exalcalde Daniel Quintero y de diez implicados más en la investigación por posibles delitos cometidos alrededor del negocio del megalote Aguas Vivas, entre el municipio de Medellín y particulares, parecían apostarle a la anulación de la imputación de cargos. Sin embargo, al final de la audiencia, que duró tres sesiones y alrededor de quince horas, este martes el juez 50 Penal Municipal con funciones de control de garantías avaló la formulación de cargos por interés indebido en contrato, peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato.
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Luego de dos aplazamientos, la primera sesión virtual se hizo el pasado 8 de abril, cuando la fiscal del caso tuvo que desistir de imputar a la exsecretaria de Gestión Humana, Ingrid Vanessa González, y la exsubsecretaria legal de Movilidad, Yina Marcela Pedroza Gómez, porque su abogado no compareció señalando que tenía otros compromisos. Esta sesión duró cerca de cinco horas y media; continuó el lunes 21, cuando las intervenciones se llevaron más de 8,5 horas y concluyó este martes con apenas una hora, para terminar esta primera parte del proceso.
La diligencia estuvo marcada primero por una exposición larga de los hechos de parte de la fiscal 133 de la Unidad Anticorrupción, Yarlecy Mena, y después vino una andanada casi interminable de los defensores que alegaron supuestas fallas en la formulación de los tipos penales y otras supuestas falencias.
En medio de todo esto, el lunes, en el lapso en que los investigados debían plantear si entendían los cargos que les estaban informando, tanto el juez como la fiscal y la delegada de la Procuraduría advirtieron de un posible intento de dilatar el tiempo por parte de los defensores. En ese contexto fue también que regañaron a Quintero por las que la judicatura consideró intervenciones fuera de lugar e “irrespetuosas” con sus compañeros y con sus conciudadanos, pues siendo una figura pública debía dar ejemplo.
Otro personaje protagónico por su histrionismo y locuacidad fue el abogado Santiago Trespalacios, quien representa en este caso a Leidy Jiménez y Natalia Jiménez, pero además defiende a la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo en el proceso por las presuntas irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo y la corporación Colombia Avanza, en la administración anterior.
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A Quintero y su exsecretario General Fabio Andrés García les imputaron los delitos de prevaricato y peculado por apropiación en favor de terceros. En tanto que contra los exsecretarios Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Arango, y Leidy Jiménez pesan cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos.
Además, José Fernando Rueda, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno, representante legal de IDC Inversiones; y el particular Juan Manuel Villegas habrían cometido peculado por apropiación.
Este martes y tras la extenuante jornada del día previo, solo faltaba que la fiscal contestara las aclaraciones pedidas por Rueda, Moreno y Villegas, los copropietarios de Aguas Vivas. La diligencia comenzó hacia las 2:50 p.m., con 20 minutos de retraso y, contrario a lo esperado, duró poco, pues la advertencia del juez acerca de que no se podían repetir las peroratas habría calado en los abogados y los aludidos.
El único de los tres copropietarios del megalote que dio la cara en cámara de forma permanente al lado de su abogado fue Villegas, pues Moreno siempre se cuidó de estar poco visible a un lado de su defensor, mientras que la imagen de Rueda ni siquiera se vio en las ocasiones en que el juez se dirigió de manera expresa a él.
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Hubo un instante, hacia las 3:37 p.m. en que se escuchó la voz de Quintero pidiendo la palabra para, según dijo, dejar constancia sobre una vulneración al debido proceso, pero el juez hizo caso omiso a su solicitud aclarándole que ya había tenido su turno de hablar el día previo (vale recordar que en aquel momento, las intervenciones del exfuncionario y las respectivas respuestas de la Fiscalía duraron más de una hora).
Después y sin dar más largas, el juez apuntó que la exposición de los cargos había sido clara, permitiéndoseles además a los implicados pedir aclaraciones, por tanto, estaban garantizados sus derechos y se había cumplido con esta parte del proceso conforme a lo que ordena la ley. Para finalizar, aclaró los derechos que a cada uno le asisten, uno de los cuales es allanarse a cargos para recibir beneficios.
El primero al que el juez interrogó si aceptaba los delitos que se le endilgan fue a Quintero, con la advertencia de que “no me responda una cosa diferente a la que le estoy preguntando”, pero un silencio de varios minutos obligó a pedirle a su abogado que estableciera contacto con él y a seguir con los demás, quienes contestaron de forma unánime que no habían cometido ningún ilícito.
Al final, el exalcalde se disculpó diciendo que antes, cuando le habían quitado el acceso a cámara y micrófono para no permitirle hablar, se había quedado bloqueado. “No acepto los cargos, señor juez, soy inocente”, fue su respuesta instantánea y con eso concluyó la diligencia.
Este proceso tiene que ver con las posibles irregularidades en el cambio de condiciones de entrega del megalote Aguas Vivas. Este inicialmente le fue traspasado sin costo a la Alcaldía, en diciembre de 2019, para cumplir con obligaciones urbanísticas, pero luego, en la administración Quintero, se intentó que del erario se pagaran más de $40.000 millones a IDC, Técnicas Constructivas y Villegas; posteriormente devolvieron el predio a sabiendas de que ya era un bien fiscal. En una segunda parte de la jugada, Quintero y su secretario General -García- firmaron un decreto en mayo de 2023 que valorizaba el lote porque le quitaba restricciones para la construcción en altura y le permitía mayor densidad de ocupación.
Esto es lo que viene en el proceso
Después de la imputación viene una etapa en la que la Fiscalía tiene 120 días para trasladar el escrito de acusación a los distintos abogados de los presuntos implicados, incluyendo las pruebas que posee. El plazo obedece a que son más de tres personas comprometidas. Entonces, el juez debe citar a la audiencia de formulación de acusación, donde se pone en común el acervo probatorio y los acusados pueden pedir aclaraciones, solicitar nulidades o recusar al juez. Acá nuevamente les preguntan si se allanan a los cargos. El paso siguiente es la audiencia preparatoria del juicio, que debe ser 60 días después de la acusación.
Es importante recordar que en este momento hay pendiente por resolver una apelación a la decisión del juez de primera instancia de aceptar a la Alcaldía de Medellín como víctima en este proceso.
