Mediante una acción judicial interpuesta por su defensa, el estadounidense Richard Vincent Opalinski logró recuperar su libertad, al menos de manera temporal, después de un año de estar recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, al ser procesado por el delito de explotación de menores, a los cuales no solo accedería sexualmente, sino también que les suministraría estupefacientes fabricados por él mismo, lo que le llevó a que lo bautizaran El Químico.
La decisión de revocarle la medida de aseguramiento a este arquitecto se la otorgó el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bello, luego de que su defensa presentara un recurso en el que se solicitaba que se continuara con el proceso investigativo, pero con él fuera del centro carcelario donde se encontraba recluido y el tribunal lo aceptara.
Además, su defensa interpuso una acción de tutela contra la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la ONG Libertas International y contra Uber Colombia, aunque esta acción no surtió efecto y fue negada en primera instancia por el juez 28 Municipal de Medellín, aunque la medida judicial fue apelada.
Con esta acción judicial, Opalinski buscaría no solo salir del centro carcelario, sino que también buscaría contar con la posibilidad de que pueda salir del país mientras continúa el proceso por el presunto abuso de seis menores de edad en una propiedad del barrio Obrero, de Bello, a las cuales citaba y posteriormente les suministraría mentafetaminas. Sin embargo, la decisión judicial le restringiría sus movimientos y no le permitiría salir de Medellín hasta tanto no se resuelva su situación judicial, aunque sí ninguna otra medida privativa de la libertad.
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“Una vez las menores de edad llegaban al lugar pactado, las obligaba a consumir sustancias psicoactivas como (metanfetaminas y 2CB) que él mismo fabricaba en este lugar, con el propósito de que accedieran a cometer todo tipo de vejámenes como orgías y otras pretensiones de tipo sexual”, indicó el coronel Juan Pablo Cubides Salazar, director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro).
En medio de las investigaciones se conoció que este estadounidense, de 48 años, tenía 65 movimientos migratorios de entrada y salida de Colombia desde el 2001 y cada vez que venía a la ciudad haría contacto con sus víctimas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, ofreciendo dinero a cambio de sostener relaciones sexuales.
Entre las exigencias de Opalinski, de acuerdo con el reporte judicial, es que a las víctimas se les prohibiría usar preservativos ni otros elementos de protección para acceder sexualmente a ellas y para darles confianza les mostraba los exámenes médicos que se realizaba de manera periódica y así confirmar que no tenía enfermedades de transmisión sexual.
En el operativo que dio con la captura de este estadounidense se incautaron de tres celulares, un computador portátil, una tableta, 60 gramos de marihuana, 10 papeletas de 2CB (tusi), juguetes sexuales, pastillas retardantes para la eyaculación, ropa interior de niñas, ollas y utensilios diseñados para fabricar metanfetaminas y grameras para pesar las sustancias psicoactivas.
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