La Personería de Medellín abrió una investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) luego de detectar presuntas irregularidades en el contrato para la ampliación vial de Carabobo Norte.
La indagación, relacionada con obras por más de $29.000 millones a cargo de la controvertida firma Megaproyecto Vial Siglo XXI, se centra en tres exgerentes, un subgerente de proyectos y dos supervisores de la EDU.
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Según informó la Personería, dentro de los principales elementos que se investigan está la adición que sufrió dicho contrato, que pese a ser firmado por un valor inicial de $8.935 de forma directa, luego tuvo dos adiciones presupuestales alcanzando los $29.966 millones, así como otrosíes que le permitieron ampliar su plazo de ejecución hasta los 352 días.
A juicio de la Personería, todos estos cambios darían cuenta de una falta de planeación en el contrato y eventualmente podrían configurar una falta disciplinaria por parte de los funcionarios públicos implicados.
La ampliación de Carabobo Norte ha sido uno los contratos que mayores cuestionamientos y alertas han despertado alrededor de la EDU recientemente, sobre todo por haberse firmado luego de una controvertida modificación del manual de contratación de esa entidad en 2021, en la que, entre muchos otros cambios, se permitió subir los topes de contratación bajo la figura de invitación privada de $454 millones a $9.085 millones.
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Tal como lo reseñó este diario en su momento, dichos cambios quedaron en firme en una resolución que fue aprobada por la junta directiva de la EDU, entonces encabezada por el exsecretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo Taborda.
Valiéndose de ese límite, la EDU entregó obras de esa gran intervención a la firma Megaproyecto Vial Siglo XXI, que si bien tuvo un valor inicial de $8.935 millones luego se fue ampliando ostensiblemente, en una maniobra que fue vista por sectores críticos como una forma de esquivar los principios de la contratación pública.
Tras el cambio de gobierno este fue uno de los contratos más sensibles que empezaron a ser revisados por la nueva administración distrital, sobre todo por su porcentaje de avance.
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“El proyecto fue dividido en cuatro tramos, que si se ponderan arrojan un avance general del 43%, después de casi dos años de haber iniciado, algo que es preocupante. Bajo esa alerta estamos revisando cómo fue el proceso de contratación, quiénes son los contratistas, cómo están las cuadrillas, cómo está el tema de las inversiones y los pagos que se hayan hecho”, expresó en enero pasado el secretario de Infraestructura de Medellín, Jaime Andrés Naranjo Medina, para quien la ejecución del proyecto no encajaba con los porcentajes de ejecución presupuestal.
Otra arista que ha generado suspicacias es que la empresa a la que fue entregado el contrato hoy revisado, Megaproyecto Vial Siglo XXI, ya ha estado salpicada en otros escándalos, como fue el caso de un contrato de pavimentación vial por $65.026 millones, que fue cedido en medio de alertas a un consorcio en la que esta tenía el 70% de la participación.
En septiembre de 2023, poco después de esa controversia, el representante legal de esa empresa, identificado como Sebastián Hinestroza Arango, fue nombrado como miembro independiente de la Junta Directiva del Metro de Medellín por el gobierno de Gustavo Petro, en una movida que también puso en esa entidad a un contratista de la administración del exalcalde Daniel Quintero y una integrante de la junta directiva de Ruta N también del gobierno pasado.
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Sobre los funcionarios de la EDU investigados, cuyas identidades todavía no han sido dadas a conocer por la Personería, ese ente señaló que en caso de ser necesario serían llamados a presentar descargos como parte de las indagaciones.
“Durante el trámite de la investigación se les garantizará a los servidores públicos, el derecho de defensa y el debido proceso. Una vez culminada la etapa de investigación, el personero delegado que instruye el proceso con base en las pruebas recaudadas, tomará la decisión de archivar o formular pliego de cargos”, añadió ese ente de control local en un comunicado.
