Luego de que un juez de Bogotá ordenara embargar las cuentas del Gobierno Nacional por las deudas que el Ministerio de Minas y Energía mantiene con el Grupo EPM por concepto del pago de los subsidios de servicios públicos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decidió responder a la decisión con una solicitud de inspección a EPM, lo que podría escalar más el enfrentamiento entre el Conglomerado Público de Medellín y la Nación.
La decisión en contra de las cuentas del Gobierno la tomó el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el pasado 4 de marzo, en un fallo en el que se determinó que dicha medida cautelar se limita a una suma de $83.309 millones, por cuenta de una deuda que registra Minminas con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), una de las empresas del Grupo EPM.
Según se lee en el fallo, dicha deuda asciende por lo menos a los $46.912 millones, desagregados en $41.654 millones “por concepto de saldos insolutos derivados de obligaciones reconocidas en las resoluciones 00472, 00702, 01251 y 01961” y otros $5.258 millones por concepto “de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida” asociados a la primera cifra.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió a celebrar la decisión manifestando que tuvieron que recurrir a las vías judiciales, tras no lograr respuesta por parte del Gobierno Nacional.
“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, expresó Gutiérrez, quien también precisó que estas no son las únicas deudas y que hay en curso otras demandas por Afinia y demás filiales para que el Gobierno les responda por pago de subsidios.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. En medio del Consejo de Ministros televisado este lunes, el presidente Petro rechazó la medida y le pidió al Ministerio de Minas tomar medidas al respecto. Y el nuevo Minminas, Edwin Palma, anunció las mismas de manera inmediata, con una solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos para realizar una inspección en EPM.
“Tal y como indica el señor Presidente esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de las nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión. Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos”, expresó el jefe de la cartera de Minas y Energía.
Y también señaló a Gutiérrez de “hacer política” con un tema “sensible. “Hacienda y Minas han hecho un acuerdo de pago, de acuerdo a la capacidad que tenemos. Que no se han traducido en buen servicio, por ejemplo, a los 4 departamentos del Caribe que cubre Afinia, cuyo gerente, también, ha salido a hacer política anunciando apagones en compañía de alcaldes, curiosamente que hacen parte de la oposición y tienen deudas oficiales con las empresas de distribución de energía. Si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema tan sensible para los usuarios, lo tendremos. Porque durante mi paso por Air-e, EPM no se mostró nada generoso con los usuarios que atiende esa compañía. Teniendo energía en exceso. Presionando las tarifas al alza en contra de los usuarios. Y eso debe saberlo el pueblo caribeño”, respondió Palma.
Según informó EL TIEMPO, la respuesta del Gobierno no se quedó solo en palabras y ya se conoció la carta con la que Minminas solicita inspección a EPM. “En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales”, señala la carta mencionada por dicho medio.
Lo que solicitan con este procedimiento desde el Gobierno es “verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual aplicable, así como garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios”.
Específicamente, según el documento, lo que pide el Gobierno es que la Superintedencia haga seguimiento y monitoreo de las actividades que están ejecutando en EPM con el fin de establecer si se está cumpliendo el contrato de servicios públicos y las normas a las cuales está sometido como prestador del servicio. Y, finaliza la carta, que, en caso de ser necesario, la Superintendencia establezca los correctivos que considere necesarios para subsanar las eventuales irregularidades que pueda encontrar en dicha inspección.
