Con la necesidad de vivienda en el Valle de Aburrá, también han aparecido quienes buscan sacarle provecho. En este nuevo caso, 45 personas denunciaron a Juan David Cruz Larrarte por negocios de administración, arrendamiento y venta de inmuebles en Medellín y otros municipios de la región que constituirían una estafa en modalidad masa, según el ente acusador.
Cruz Larrarte, copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, habría obtenido más de $865 millones entre 2023 y 2026 mediante la retención de cánones y la recepción de anticipos, de acuerdo con el ente acusador.
El procesado no aceptó el cargo y, según la Fiscalía, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.
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Cómo habría operado
Según la investigación, el hombre contactaba a sus clientes por redes sociales y llamadas telefónicas, y les presentaba certificados de cámara de comercio, documentos bancarios e información sobre la estructura de su empresa. Con esa confianza, los afectados habrían sido engañados de varias maneras.
La primera fueron los contratos de administración. Cruz Larrarte habría firmado con los dueños de los inmuebles y se habría comprometido a recaudar los arriendos.
Aunque los inquilinos pagaban a tiempo, el dinero no llegaba a los propietarios, y los incumplimientos se justificaban con supuestas fallas bancarias o inconvenientes contables.
La segunda eran los descuentos por pago anticipado. Habría ofrecido rebajas a cambio de pagar por adelantado varios meses de alquiler, sin autorización, e incluso habría celebrado contratos sobre inmuebles que la sociedad no administraba ni estaba facultada para ofrecer.
La tercera era la garantía en dinero. Habría pedido el pago adelantado de varios cánones para sustituir el requisito de codeudor, con la promesa de devolver el dinero al terminar el contrato. En algunos casos, ni los inmuebles se entregaron ni el dinero se restituyó.
El fiscal del caso sostuvo que se trató de una estafa en modalidad masa: una pluralidad de actos con un mismo propósito, desarrollados en un plan preconcebido, que habrían afectado el patrimonio de un número indeterminado de personas.
Otro caso en el Aburrá
El caso se suma a otros procesos por presuntas estafas inmobiliarias en el área metropolitana. A finales de septiembre, EL COLOMBIANO informó que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello condenó a nueve años y cinco meses de prisión a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Alberto Montoya Osorio por estafa agravada en modalidad masa.
El caso corresponde al proyecto Parque Residencial La Manuela, que prometió 804 viviendas de interés social en el barrio Pachelly y que, según la Alcaldía de Bello, nunca tuvo permisos. La defensa apeló y el proceso sigue en una instancia superior.
La firma Dumed Abogados, por su parte, registró 137 casos de proyectos inmobiliarios que nunca se ejecutaron o quedaron a medio hacer en el Valle de Aburrá. Su titular, John Jairo Morales, dijo que “son muchos los proyectos con problemas de estafas, incumplimientos o parálisis que han dejado afectadas a miles de familias”.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cómo engañaba el grupo inmobiliario a los propietarios e inquilinos?
- El implicado utilizaba documentos mercantiles y bancarios falsificados para generar confianza. Una vez firmados los contratos de administración, retenía los cánones que pagaban los inquilinos y simulaba fallas financieras para eludir los pagos a los dueños, además de cobrar anticipos por adelantado.
- ¿Qué medida restrictiva se le impuso al gerente investigado?
- Aunque Juan David Cruz Larrarte no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez a cargo del caso consideró que representa un peligro procesal y ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario mientras continúa el juicio.
