La Sociedad de Activos Especiales SAE por fin pudo desalojar a la familia del excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga de la lujosa vivienda en un exclusivo sector de El Poblado que de forma irregular ocupaban por más de seis meses.
La diligencia que originalmente estaba programada para inicios de junio se vio paralizada luego de que Laura Botero, esposa del excontralor, interpusiera una acción de tutela en la que alegaba que con el desalojo se estaban vulnerando los derechos de sus hijas adolescentes.
Ante la presentación de la demanda, un juez de la República ordenó como medida cautelar detener el desalojo hasta que se pudiera pronunciar sobre el asunto.
Sin embargo, la pausa solo duró cerca de 20 días pues la justicia determinó que las jóvenes tenían suficiente oferta institucional para solventar el hecho de ser desalojadas del espacio que consideraban su hogar.
Ante el fallo que negaba la tutela, se reactivó el proceso de desalojo que tuvo lugar hoy en una de las mansiones de la unidad residencial Olivares, cerca de la Transversal Superior, según confirmó el director de la seccional de Occidente de la SAE Mauricio Urquijo.
Según conoció EL COLOMBIANO, la diligencia fue acompañada de personal del ICBF, la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana.
Además también se supo que Zuluaga estaba dentro del inmueble al momento de la diligencia. La casa estaba en buen estado aunque según resaltó la entidad ya se encontraba desocupada pese a que hace 20 días aún se encontraba con los enseres de la familia Zuluaga Botero.
Cabe recordar que el excontralor Zuluaga fue destituido de su cargo por la Procuraduría en una sentencia que fue confirmada en 2021. Además, el exfuncionario es investigado por la Fiscalía por presuntos malos manejos en dicho cargo, en el que habría obtenido plata desviando investigaciones.
Con las ganancias de las presuntas triquiñuelas, Zuluaga compró la casa que le había sido confiscada por la SAE, la misma en la que su familia estaba viviendo hasta poco más de un par de semanas luego de –al parecer– realizar unas operaciones fraudulentas que incluirían la falsificación de documentos.
