Entre las 16.497 acciones de tutela que ha recibido la Personería Distrital de Medellín, el 83% tienen que ver con solicitudes de protección a la salud como derecho fundamental consagrado por la Constitución de 1991 y lo más grave es que en muchos de los casos y aun con las sentencias en contra, los responsables de garantizarlo no están obedeciendo las decisiones judiciales.
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Este oscuro balance fue presentado en la Mesa de Trabajo de la Red Hospitalaria del Distrito de Medellín, en la que participaron representantes del Ministerio Público (Procuraduría Regional y Provincial y Defensoría del Pueblo), autoridades distritales y departamentales de salud, lo mismo que gerentes de clínicas, hospitales públicos y privados, y gerentes de las EPS que operan en esta jurisdicción.
En el informe que presentó en ese escenario, el personero Melfi Boset Rave detalló la compleja situación que enfrenta en la actualidad el sistema de salud de la capital antioqueña, lo cual ha incrementado la demanda de solicitudes ciudadanas ante los organismos de derechos humanos y en particular ante la Personería.
A partir de eso, según Rave, en el último año la entidad a su cargo realizó 1.103 verificaciones sobre el cumplimiento de derechos humanos y el derecho a la salud era uno de los más recurrentes: más del 60% de las atenciones priorizadas tuvieron que ver con personas mayores o con discapacidad, siendo estos los grupos poblacionales que enfrentan mayores dificultades para el acceso a tratamientos y medicamentos de alto costo.
Vale la pena recordar que hace dos semanas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, demandó al Gobierno nacional mediante una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por el manejo que le está dando al tema de la salud, lo cual en su concepto, ha acrecentado la crisis en este sector.
“Hay hospitales recibiendo apenas el 6% de lo que les deben mes a mes. Esa asfixia no es una casualidad: es una estrategia. Si su plan era hacer una reforma destruyendo el sistema, lo están logrando. Y por eso los hago directamente responsables”, sostuvo entonces el alcalde Gutiérrez.
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El efecto de esto es que las IPS están suspendiendo sus servicios a los afiliados a muchas EPS y como consecuencia se están congestionando las áreas de urgencias.
A principios de mayo hubo un colapso casi general de esas urgencias. La Alcaldía denunció que las salas de urgencias en su jurisdicción estaban en promedio con una sobreocupación del 130%, razón por la cual se declaró la emergencia hospitalaria en todo el distrito.
El Hospital San Vicente Fundación, dijo tener una sobreocupación del 280% y también el Hospital Pablo Tobón Uribe reportó estar en un 190%.
El Instituto Neurológico Colombiano estaba al 156%; el Hospital General de Medellín al 132%, la Clínica Medellín de Occidente al 126% y la Unidad Hospitalaria de Metrosalud de San Javier al 117%.
Una de las entidades que ha apoyado la acción popular fue la Personería, con el fin de proteger los derechos colectivos frente a la crisis estructural del sistema, la mora en pagos a prestadores, el desabastecimiento de medicamentos, y la sobreocupación hospitalaria que en algunos casos supera el 200%.
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En el primer encuentro de la Mesa de Trabajo de la Red Hospitalaria, realizado este jueves, los actores institucionales resaltaron la necesidad urgente de avanzar en mesas técnicas permanentes, la coordinación interinstitucional efectiva y la adopción de medidas inmediatas que permitan afrontar de manera integral los riesgos que comprometen la sostenibilidad de esta red y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de la población.
