Dos aseguradoras tuvieron que pagar por las pólizas que cubrían al consorcio Obras Medellín 2015, que gastó mal un anticipo de $3.000 millones.
Luego de cuatro años de haberse iniciado el proceso investigativo, la Contraloría Distrital de Medellín acaba de proferir un fallo de responsabilidad fiscal contra el anterior contratista de la fachada de la Biblioteca España (hoy llamada Parque Biblioteca Nororiental), el consorcio Obras Medellín 2015, por hacer mal uso del anticipo de 3.000 millones de pesos que le dieron para acometer ese trabajo.
Según fuentes del ente de control, luego de entregarle la plata, esa razón social no legalizó ni reintegró o amortizó toda esa cantidad de dinero, “con lo cual se causó un daño a los intereses patrimoniales del Distrito de Medellín en lo concerniente al contrato de Intervención y repotenciación de la estructura y construcción de la fachada del parque Biblioteca España y obras complementarias”.
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El monto por el cual debían responder las compañías que le suscribieron las pólizas de cumplimiento a esa razón social asciende a 3.906 millones de pesos.
La apertura del proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría Distrital había comenzado en el año 2019 y el 28 de marzo de este año, la entidad de control profirió su fallo condenatorio en primera instancia; luego, el 6 de julio, tras un recurso de consulta, confirmó la misma determinación e inició el cobro coactivo sobre las pólizas de Seguros del Estado y Compañía Mundial de Seguros.
Este viernes, el contralor distrital, Pablo Andrés Garcés, informó que logró recuperar 4.473 millones de pesos, una cifra que comprende el capital más los intereses causados.
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La biblioteca España fue construida durante la alcaldía de Sergio Fajardo (2004 a 2007) y comenzó a funcionar en el último año de esa administración. Aunque fue una construcción galardonada con premios de arquitectura, luego acusó fallas estructurales en la fachada que asemejaba a una gran roca suspendida en la montaña de la zona nororiental de la ciudad, y fue cerrada en 2013.
En septiembre de 2015, la alcaldía firmó un contrato por 9.746 millones con el Consorcio Obras Medellín, integrado por las empresas LAB Construcciones y Constructora CrearQ, que se comprometieron a terminar los trabajos el 14 de diciembre de 2016.
Sin embargo, en noviembre de 2016 la Secretaría de Infraestructura ordenó suspender el contrato por incumplimiento. Posteriormente, un informe de la Contraloría que se conoció en enero de 2017 indicó que el avance solo había sido del 5,96 % y que la facturación en el proyecto apenas llegó a $580 millones.
Tras este descalabro, a finales de 2021 la administración de Daniel Quintero firmó otro contrato por más de 28.000 millones de pesos, el cual fue cuestionado porque a la licitación solo se presentó IDC Inversiones, una firma vinculada con Felipe Agudelo, un amigo entrañable del exgobernador de Antioquia Luis Pérez, quien ha sido a su vez aliado político de la administración de Daniel Quintero. Se trata de un compromiso que está en ejecución.
