El incumplimiento de las normas por parte los constructores y la falta de controles por parte de las autoridades de Medellín fueron los argumentos de peso del Tribunal Administrativo de Antioquia para confirmar en segunda instancia la responsabilidad de la alcaldía, tres empresas de construcción y 16 personas naturales, entre ellas los curadores, en los insalvables daños estructurales que llevaron a la demolición del edificio Bernavento, ubicado en la Loma de los Bernal.
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En la condena de primera instancia, ratificada por el Tribunal este mes, los condenados deberán pagarles solidariamente a los propietarios de los 48 apartamentos de Bernavento entre $28 y $45 millones por cada parqueadero, unos $4,8 millones por cada cuarto útil y entre $400 y $600 millones por cada apartamento convertido en escombros.
Además deberán pagar 100 salarios mínimos legales mensuales por los daños morales causados a los propietarios que, después de años de lucha y angustia, tuvieron que abandonar sus viviendas en 2016. Sin embargo, la sentencia del Tribunal ordenó actualizar las condenas por conceptos de perjuicios morales, materiales y daño emergente. La suma total era cercana a los $30.000 millones, aún sin las actualizaciones ordenadas.
Hay que recordar que Bernavento, un edificio de 18 niveles y 54 metros de altura, fue demolido en junio del 2018 después de años de estudios y de obras que pretendieron sin éxito repotenciar la estructura. El edificio fue construido en 2008 y en su construcción participó como diseñador el ingeniero Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, el mismo diseñador del edificio Space, cuya sexta torre se desplomó el 12 de octubre de 2013 dejando 12 personas muertas.
Los habitantes del edificio empezaron a detectar algunas fallas como grandes fisuras y grietas en 2010 y hasta 2015 buscaron soluciones de forma silenciosa. No obstante, para esa época ya la situación era insostenible. Al año siguiente, los propietarios sacaron de su propio bolsillo $30 millones cada uno para pagar una repotenciación (reforzamiento de la estructura). Pero en abril de este año una de las columnas falló y una comisión de expertos de la Alcaldía -asesorada por los ingenieros contratados para la obra- confirmaron que ya no tenía salvación.
Después de escuchar a los demandantes, a los demandados y a algunos expertos en ingeniería, quedó demostrado en el proceso judicial que hubo “una grave omisión de los deberes constitucionales y legales del Municipio de Medellín, en el decurso del proceso de construcción del Edificio Bernavento. Esta ausencia de supervisión con el proceso constructivo permitió que los constructores no se sujetaran a las normas vigentes, con lo cual se erigió el Edificio a los antojos de quienes participaron o intervinieron en el levantamiento de esa obra, lo cual llevó a su colapso”.
En segunda instancia, el Tribunal reiteró que fueron las omisiones de las autoridades las que dieron lugar a que “se desconocieran las normas vigentes por los constructores y, en consecuencia, el edificio Bernavento amenazara ruina y, finalmente, fuera ordenada su demolición”. Para la Sala, no se desvirtuó la responsabilidad del municipio de Medellín declarada en primera instancia.
Se repiten razones de la condena a la Alcaldía por Space
Casi nueve años después del colapso de la torre seis del edificio Space en El Poblado, que mató a 12 personas y abrió un vergonzoso capítulo para el gremio constructor por una “epidemia” creciente de edificios mal construidos en la ciudad, en septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la firma CDO, a sus representantes, al curador que puso su firma aprobando las licencias de la deshilachada edificación y a la Alcaldía de Medellín por su inexistente control y vigilancia a la obra.
La dolorosa conclusión de ese fallo fue que de haber sido otra la conducta asumida por la Alcaldía, en el ejercicio de sus funciones de control, la tragedia que dejó 12 muertos y cientos de damnificados se hubiera evitado.
Según las consideraciones del Tribunal, el Municipio de Medellín omitió, además de sus funciones de vigilancia y control de la actividad constructiva, el deber de protección de la ciudadanía, pues por un informe generado tras una visita en abril de 2010, tuvo la oportunidad de conocer los errores en los planos y la deficiente construcción del edificio. “Sin embargo, ninguna actividad desplegó a fin de obtener dicho conocimiento y tomar las medidas necesarias para evitar el desastre. Se concluye entonces que el Municipio de Medellín tuvo la posibilidad y debió conocer los errores en los diseños y en la construcción que llevaron al desastre del edificio”, añadió el fallo.
