A Misael Cadavid, uno de los testigos clave que está denunciando el entramado de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), le está tocando andar escoltado.
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Las intentonas de los implicados por torcer las pruebas de corrupción en el Área Metropolitana
Según la Fiscalía y el abogado del AMVA habría un plan sincronizado, hasta con amenazas, para que los testigos no declaren. Al fallar la estrategia habrían optado por desacreditarlos.
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Misael Cadavid es el principal testigo en el escándalo de corrupción dentro del Área Metropolitana, que tiene implicados a los hermanos Quintero Calle. FOTO: EL COLOMBIANO
hace 31 minutos
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La Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de seguridad por considerar que su riesgo es alto, teniendo en cuenta distintos antecedentes de presiones e intimidaciones que ha recibido y que tendrían relación con las declaraciones en las que ha mencionado que hasta el propio alcalde de Medellín en el anterior periodo, Daniel Quintero, sabía y cohonestaba los malos manejos que habrían afectado al AMVA, Metroparques, el Inder, la EDU y posiblemente otras dependencias de la administración distrital.
Y la situación de Cadavid no sería particular, pues también se advierte una campaña intimidatoria para disuadir a las personas que se vieron involucradas en el tinglado que habría esquilmado el erario de Medellín miles de millones de pesos, según dijo el abogado Mayer Abushihab en medio de la última diligencia que se celebró para definir si Miguel Quintero y Sebastián Ortega van a la cárcel mientras avanza el proceso que se les sigue por interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Es más, el alcalde Federico Gutierrez ha hecho varios llamados para que se se blinden los procesos penales que tienen que ver con la corruptela que habría imperado entre 2020 y 2023.
”Hoy los testigos contra Miguel Quintero, contra Ortega, contra Daniel Quintero, están siendo amenazados. Hemos mostrado imágenes donde están directamente relacionados también con alias “Chano”, que es el abogado de la estructura criminal La Oficina. Toda esa articulación está clara”, dijo el mandatario hace menos de dos semanas, en medio de las jornadas de imputación contra Miguel Quintero, Ortega; el subdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Villada, y la asesora jurídica Vanesa Álvarez.
En estas diligencias, también la representante de la Fiscalía y el abogado Abushihab en representación de las víctimas (el AMVA se acreditó como tal) denunciaron una estrategia milimétricamente orquestada para doblegar a los testigos o, como plan B, intimidarlos, todo con el fin de “torcer” el proceso.
Ofrecimientos de traslados y asistencia jurídica gratis
La Fiscalía documentó múltiples acercamientos a los testigos, bien de manera directa o a través de familiares, con el fin de ofrecerles beneficios para hacer más amable la reclusión, o abogados de confianza y reputados.
Por ejemplo cuando Cadavid, el exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, estaba en la cárcel El Pedregal y bajo la afectación del encierro, Sebastián Ortega se habría valido de otras personas para decirle que disponía de un cupo en la cárcel de La Estrella. El mensaje era que valía $400 millones pero que solo tendría que poner $200 millones. Igualmente y según dijo Cadavid, le habrían puesto a disposición los servicios de reputados abogados.
Un ofrecimiento similar habría tenido como origen a Carlos Andrés Trujillo, entonces senador y aliado político del exalcalde Quintero. Su emisario, según Cadavid, habría sido el personero de Itagüí, John Fredy Ortiz, quien lo visitó en sus primeros días de encierro en el Centro de Traslado por Protección que queda cerca a la Plaza Minorista y antes de que pasara a El Pedregal: “Básicamente fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia, esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo”.
Presión a la hija de Cadavid
En la argumentación del pedido de cárcel para Quintero y Ortega, la delegada de la Fiscalía y el abogado del AMVA citaron apartes de la declaración de Cadavid en el sentido de que la hija de este, Sara, quien ya es mayor de edad, profesional y reside por fuera del país, fue citada a principios de noviembre al despacho del alcalde de Itagüí, Diego Torres.
Según el relato, le quitaron el celular a la entrada y el alcalde, junto con el secretario de gobierno, Mauricio Sánchez, le ofrecieron sin costo los servicios de los abogados de Trujillo, mencionando entre otros a los penalistas Óscar Santamaría y Santiago Trespalacios.
La misma versión indica que la hija le recomendó a Cadavid no aceptar, advirtiendo que el propósito real era “manejarle” y “direccionar” el proceso penal. Luego, al mostrar resistencia, la joven habría comenzado a ser citada directamente en la oficina de los bomberos.
En el listado de personas vinculadas a líos de presunta corrupción de la administración Quintero que han sido representadas por Trespalacios están Miguel Quintero (caso AMVA-bomberos de Itagúí); Natalia Jiménez, Leidy Jiménez, Sergio Andrés López y Yina Marcela Pedroza (Aguas Vivas), lo mismo que Alexandra Agudelo (caso Buen Comienzo); él ha sido también el abogado del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.
Trespalacios le dijo a EL COLOMBIANO que quien lo contactó para que defendiera a Misael fue la hija de este, quien incluso lo citó un día de fiesta, pero no se pusieron de acuerdo. Santamaría, por su parte, es reconocido como allegado al excongresista Trujillo; él mismo acepta que ha tenido contratos con la alcaldía de Itagüí, pero soslayó la respuesta acerca de su relación personal con el excongresista y posible próximo aspirante a ocupar por segunda vez la alcaldía de Itagüí. Tratamos también de conocer la versión de la Alcaldía pero en dos ocasiones su equipo de comunicaciones dijo que no se pronunciarían sobre estos señalamientos ni sobre la acusación de Cadavid de que le ha pagado coimas al alcalde, Diego Torres, y al secretario de Gobierno, Jean Mauricio Sánchez.
¿Consejos de terceros para frenar delaciones?
En su permanencia en El Pedregal, del 18 de noviembre al 21 de enero, Cadavid recibió 17 visitas de abogados y según él, el objetivo de varios era disuadirlo para que no declarara con el fin de obtener beneficios jurídicos, pues era voz populi que estaba muy afectado por el encierro.
En su declaración ante los investigadores, Cadavid mencionó directamente las entradas del exconcejal de Medellín Lucas Cañas, del excontralor Zuluaga y del también abogado Santamaría “con la idea de traer mensajes de los Quintero (Daniel y Miguel) y de Carlos Trujillo”.
Al referirse concretamente a Zuluaga, afirmó: “En un primer momento, él me dice que está de coordinador académico de la Corporación Universitaria Americana, que es conocida porque es de los Corredor, que tienen vínculos cercanos a los con los Quintero. Él me dice que debía irme a juicio, que no haga principio de oportunidad; que eso es lo que termina es en quedar con un montón de enemigos”.
EL COLOMBIANO buscó a Zuluaga en el celular disponible, el de su esposa, pero no obtuvo respuesta. Cañas dijo que visitó a Cadavid como un acto de humanidad “porque no puedo negar que lo conozco”, pero además, dijo que fue con su abogado porque ambos son coprocesados en el caso de presunta corrupción en el Hospital La María que viene del año 2017 y está en etapa de juicio.
Vale la pena recordar que no es la primera vez que se habla de que quieren incidir en los testigos y algunas veces en tono menos amistoso. A la Fiscalía también habían llegado antes versiones de que a procesados por presunta corrupción que pretendían colaborar con la justicia les llegaron citaciones a una oficina en Medellín y otros habrían sido instados a viajar a Panamá; el fin sería ofrecerles servicios legales subsidiados, pero habría también cifrado un mensaje intimidatorio en caso de que decidieran encender algún “ventilador”.
Presiones a través de familia y campaña de desprestigio
Son varios los episodios interpretados por la Fiscalía y el abogado del AMVA como presiones indirectas a Misael Cadavid. Una de ellas habría ocurrido a través de su expareja sentimental, Ana María Balbín, quien dijo haber recibido una llamada de un abogado que se identificó como emisario de “MQ” y “SO”, iniciales que ella dedujo como de Miguel Quintero y Sebastián Ortega.
En dicho mensaje, hacían alusión a propiedades de la familia de ella en Santa Rosa de Osos y San Luis, manifestando la “inquietud” de estas personas por las declaraciones que Misael venía dando en el proceso.
Entre Balbin y Cadavid existe un litigio derivado de una terminación tormentosa de su relación sentimental y por esto ella lo habría amenazado con que si no reconocía que ambos tuvieron una unión marital de hecho, accedería a la propuesta que le hicieron de hablar sobre él a cambio de dinero.
“Ese es el HP problema suyo que cree todo que todo es suyo. ¿Cuándo será que le toca aterrizar? Y para que sepa, me ofrecieron plan para hablar de usted, me pidieron la cédula de Sara, no he querido hablar ni decir nada, pero si usted conoce nuestra relación ante un juez, lo voy a hacer”, le dijo en un cruce de mensajes por WhatsApp.
Posteriormente, el 31 de agosto pasado, apareció una publicación donde la señora Balbin denuncia la supuesta violencia intrafamiliar que habría sufrido en los 12 años que duró la unión marital y menciona que Cadavid sería mitómano y sufre desequilibrios mentales.
Para la representante de la Fiscalía, el fin sería minar la credibilidad de las declaraciones que ha dado y sería parte de un plan bien orquestado, pues la entrevista apareció en un medio que obtuvo contratos millonarios en la administración de Daniel Quintero y después de eso el exalcalde hizo eco del contenido a través de su cuenta de X, tildando al testigo de ser una “persona violenta, con problemas psiquiátricos” y acusando a la Fiscalía de Medellín de estar “politizada” y ofrecerle beneficios desproporcionados a cambio de “enredar” a su hermano.
Una campaña similar de desprestigio se habría fraguado contra Laura Mejía, otra testigo estrella de este proceso, de acuerdo con el abogado Abushihab.
Después de conocerse que esta recibiría beneficios a cambio de colaborar con la justicia, hubo comentarios en redes acerca de que el premio por haber participado en la corrupción en el Área había sido un puesto en la Contraloría Departamental.
Mejía está declarando en el caso de presunta contratación amañada entre el Área Metropolitana y Metroparques para acometer obras y mantenimiento en el Parque de las Aguas (el monto se acerca a $18.000 millones), pero sus revelaciones han tenido incidencia en otros procesos. Su defensa también solicitó medidas de protección especial a la UNP, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
“Estas manifestaciones públicas relevantes en la medida en que proyectan ante la opinión pública una narrativa según la cual las actuaciones de la Fiscalía y en cabeza está delegada obedecerían a motivaciones distintas al cumplimiento de sus funciones institucionales y legales, circunstancia que coincide con las acciones orientadas a controvertir y desacreditar a quienes han aportado información muy relevante dentro de este proceso”, apuntó la fiscal 40 anticorrupción.
El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías deberá analizar desde este lunes si da crédito a la Fiscalía y al abogado del Área, quienes dicen que se trata de argucias para torpedear la acción de la justicia y una causa de que Miguel Quintero y Sebastián Ortega vayan a la cárcel mientras avanza el proceso penal por su presunta participación en una contratación presuntamente espuria entre el AMVA y los bomberos de Itagüí, por un monto de $17.656 millones y coimas supuestamente por $2.481 millones.
Dudosa consulta de expediente, ¿infiltración?
La fiscal 40 deDelitos contra la Administración Pública pidió que se investigue por qué una persona de la misma institución que no tiene ningún rol dentro del caso que ella lleva por las presuntas irregularidades en el Área Metropolitana accedió al expediente e hizo 293 descargas de documentos.
En su momento, también el abogado Abushihab resaltó que prácticamente esa funcionaria entró ese 17 de julio antes que todo mundo a su trabajo (7:21 a.m.) y se gastó toda su jornada en esto, pues los registros muestran que estuvo en esa labor hasta las 4:32 p.m.
Ambos resaltaron que curiosamente Daniel Quintero y Esteban Restrepo hicieron comentarios sobre supuestas incoherencias de aspectos del proceso que todavía no eran públicos. Plantearon la duda acerca de si hay una infiltración.
Bloque de Preguntas y Respuestas
- ¿Qué tipo de presiones habría recibido Misael Cadavid para no declarar?
- Cadavid habría recibido ofrecimientos de traslados a otras cárceles, asistencia jurídica gratuita y contactos destinados presuntamente a convencerlo de no colaborar con la justicia o de modificar su estrategia procesal. También hubo presiones que habrían involucrado a familiares y personas de su entorno.
- ¿Qué habría ocurrido con la hija de Misael Cadavid?
- La hija de Cadavid habría sido citada al despacho del alcalde de Itagüí, donde presuntamente le ofrecieron gratuitamente los servicios de abogados vinculados al entorno político mencionado en el proceso. Según el relato de Cadavid, posteriormente ella habría recibido nuevas citaciones en una oficina de Bomberos Itagüí.
- ¿Qué investigan sobre las 293 descargas del expediente?
- La Fiscalía pidió investigar por qué una funcionaria de la misma institución, que aparentemente no tenía participación en el caso, accedió al expediente y realizó 293 descargas de documentos. Según los registros mencionados en la noticia, la actividad ocurrió el 17 de julio entre las 7:21 a. m. y las 4:32 p. m. La Fiscalía y el abogado del AMVA plantearon si pudo existir una infiltración.
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