Transcurridos dos meses del 2025, el equipo designado para la atención de las víctimas del conflicto por parte de la Alcaldía de Medellín sigue reducido, solo con los funcionarios de carrera y algunos contratistas.
El desequilibrio se advierte si se considera que esa misión la han asumido –por lo menos hasta el año pasado– alrededor de 30 personas en carrera y 86 contratistas, es decir que la mayor parte de la fuerza laboral ha dependido de los segundos, justo los que todavía, en buena medida, no han firmado y por lo tanto no se han incorporado a sus actividades.
Si bien el problema de la contratación ha sido constante al comenzar casi todos los años, por lo cual suele haber tiempos muertos a principios de cada periodo –sin ser lo ideal– esta vez la situación se extendió más de lo normal.
Al ser consultado al respecto hacia mediados de enero, Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos, explicó que la espera sería mientras definían qué entidad operaría un convenio madre para la ejecución de la política pública de atención a víctimas y aceptó que, en consecuencia, solo estaban laborando los profesionales encargados de cubrir las emergencias que se producen ante el arribo de personas desplazadas, y otros que se ocupan del seguimiento a la búsqueda de desaparecidos en la comuna 13.
En ese momento el dato era que la incorporación del resto del grupo se haría a finales de enero o principios de febrero, pero esto no ocurrió.
Ahora, al volver a indagar, Arcila apuntó que hubo un retraso adicional, ya que se necesitó ajustar el presupuesto, de manera que apenas la semana pasada se firmó con la Universidad de Antioquia, con el fin de que esta a su vez haga los contratos de prestación de servicios con el personal.
Según el Secretario, la atención básica de víctimas que recién llegan y el proceso de las escombreras se continuó prestando con los vinculados y con un 30% de los contratistas a los que les habían hecho contrato.
Pero testimonios recogidos por este medio de comunicación indican que en una emergencia que se presentó por el “aterrizaje” de 46 familias (66 personas) desplazadas desde el sur de Bolívar, el lunes de la semana pasada habrían llamado a colaborar a varios profesionales que estuvieron hasta diciembre y que no habían firmado. Al preguntarle al respecto, Arcila aseguró que él se hizo presente al ocurrir ese percance y que, hasta donde le informaron, todos eran funcionarios de carrera y otros ya contratados.
Ante la pregunta de qué tanto se afectarán las metas del Plan de Desarrollo frente a la atención de víctimas, indicó que esperan que no haya ningún impacto “porque hasta ahora se ha logrado dar respuesta” optimizando los recursos materiales y profesionales disponibles, aunque habría que revisar algunos indicadores.
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Entre los líderes de las víctimas existe disparidad de opiniones ante las dificultades del primer bimestre. La vocera de la Mesa Municipal de Víctimas, Ana Delgado, confirmó que “la atención inmediata, de emergencia, sigue en pie” y el albergue para la recepción de emergencia opera sin contratiempos a su máxima capacidad. Aseguró que las reuniones de su organización se han hecho sin mayores contratiempos gracias a reservas que habían dejado del año pasado.
No obstante, Amparo Mejía, de Redepaz, que acompaña a las organizaciones de víctimas en la ciudad, expresó que muchas reuniones de la Mesa se han tenido que programar a media jornada por no contar con alimentación y que ha habido un vacío en el acompañamiento profesional a los procesos organizativos así como en la conmemoración de fechas como el Día de las Manos Rojas que se hace cada 12 de febrero en prevención y rechazo del reclutamiento infantil.
“Esto retrasa los procesos no solo de la Mesa sino de las organizaciones porque de una u otra manera el Equipo de Víctimas es el que aporta el apoyo técnico para que las acciones afirmativas puedan llevarse a cabo”, añadió.
Apuntó que a las reuniones han asistido eventualmente profesionales que venían con el Equipo (aunque según Mejía no estaban contratadas) “por el compromiso de no dejarnos solas, pero en general no hay operador para los refrigerios, para los pasajes que se le dan a los delegados y delegadas y para los profesionales que apoyan en las reuniones”.
