En la ofensiva contra la explotación sexual de menores, el tráfico de estupefacientes, el hurto y el homicidio, las autoridades aplicaron la medida de extinción de dominio a siete hoteles y un parqueadero que se encontraban en la comuna 10 (La Candelaria), en el centro de Medellín. Este golpe a las estructuras criminales afectó sus finanzas en 11.500 millones que estaban avaluadas estas propiedades.
Estos operativos se realizaron en los hoteles Albert, Nuevo Amor, Peruano Real, Yarima, Zara y Libia, así como en un inquilinato y un parqueadero, establecimientos que, según las autoridades, serían usados para cometer los delitos en cuestión, siendo los más recurrentes los de explotación sexual de menores y venta de estupefacientes.
Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló que “a través de estos inmuebles, promovían delitos tan graves como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el tráfico de estupefacientes y el hurto de vehículos Así se reafirma nuestro compromiso de no permitir que espacios de nuestra ciudad sean utilizados para actividades ilícitas que afectan a nuestra comunidad”.
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Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en el Hotel Albert, donde el pasado 13 de septiembre encontraron a un ciudadano israelí con una menor de 16 años que estaba siendo explotada sexualmente. No conforme con esto, las autoridades continuaron su recorrido y hallaron en otro cuarto dos kilos de marihuana que iban a ser comercializados.
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En otro procedimiento del centro de la ciudad, en el parqueadero en cuestión se encontraron vehículos hurtados, ya que este lugar sería usado para estacionarlos después de cometer el hurto y se usaba como centro de operaciones para la comercialización ilegal de autopartes.
“Seguiremos golpeando a las estructuras criminales donde más les duele: sus finanzas. Estas acciones no solo desarticulan sus operaciones, sino que envían un mensaje claro que en Medellín no hay lugar para la impunidad”, destacó el secretario Villa Mejía.
Para estas labores judiciales se contaron con fiscales especializados, investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana y patrullas de vigilancia que permitieron recolectar evidencias para los procesos judiciales que se realizaron.
