El reloj marcaba las 8:17 p.m. del sábado 12 de octubre de 2013. En el minuto siguiente todo cambió, 12 familias perdieron a sus seres queridos, a otras 160 se les esfumaron sus apartamentos y la ciudad presenciaba el comienzo de un vergonzoso capítulo de su historia con edificios mal construidos que no podían ni con su propio peso. En ese instante la torre seis del edificio Space, en El Poblado, construida por la firma Lérida CDO, se desplomó como un castillo de naipes.
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Tres trabajadores de obra, tres soldadores, dos ingenieros y un mecánico industrial que trataban de remendar la irreparable estructura murieron al instante cuando se desfondaron los 84 apartamentos de la torre seis. Fallecieron también dos vigilantes y un residente que acababa de cuadrar su carro en la penúltima celda de la torre cinco, en límites con la etapa seis, que había sido evacuada el día anterior tras la falla de una columna.
Ese viernes, cuando el Dagrd ordenó la evacuación, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero calculista y consultor estructural de CDO, dijo con toda seguridad que se había presentado un evento puntual en la estructura que no implicaba peligro de colapso, ni riesgo para las personas. “Ya revisé toda la estructura y no hay ningún daño”, afirmó.
Los 12 fallecidos fueron Jaime Botero Botero, Juan Carlos Botero Botero, Andrés Ricardo Castañeda, James Andrés Arango Pulgarín, Wbeimar Contreras, Iván Darío González Álvarez, Diego Hernández Ceballos, Álvaro José Bolívar Cañola, Luis Alfonso Marín, Albeiro Antonio Alcaraz, Juan Esteban Cantor Molina y Jesús Adrián Colorado.
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Diferentes estudios patológicos aportados como pruebas en los procesos judiciales concluyeron que el desplome de la torre se dio por inconsistencias en el diseño estructural en relación con la norma; y deficiencias en el dimensionamiento y en el diseño de columnas, vigas y placas, todo responsabilidades de Lérida CDO que levantó una edificación que no aguantaba ni su propia estructura. Tampoco hubo control de las licencias, ni en la curaduría, ni en la Alcaldía atajaron las protuberantes fallas que tenía Space.
El Ministerio Público dijo en el juicio del caso penal que el diseño de Space transgredió 10.678 veces las normas de sismorresistencia; mientras que la construcción desconoció 23 artículos de la misma norma. Space fue el primero de los edificios diagnosticados con insalvables problemas constructivos en la ciudad. Luego de la caída de la torre seis, fue demolida la etapa 5 y en 2014 fueron convertidas en escombros las torres de la 1 a la 4.
Nos acostumbramos después a ver edificios caer en medio de nubes de polvo. El 14 de junio de 2018, 48 familias vieron cómo 50 kilos de indugel convirtieron en escombros los 19 pisos del edificio Bernavento, en la Loma de los Bernal. En 2010, un año después de su construcción, empezaron a evidenciar graves fallas. El 3 de mayo de 2019 cayó Altos del Lago, en Rionegro, ante la mirada impotente de sus 116 propietarios. Dos años antes había sido evacuado tras detectar problemas incorregibles con la repotenciación. El edificio Babilonia, en Itagüí, tuvo que ser demolido por etapas entre mayo y septiembre de 2019. Los estudios determinaron que no cumplía con el 73% del diseño original.
El último en convertirse en escombros fue Continental Towers, también construido por CDO y evacuado desde 2013 por el alto riesgo de colapso. Fue derribado el pasado 9 de diciembre.
Pese a los 12 muertos y a los cientos de afectados, fueron pocos los procesos que llegaron a sentencias por Space. El más sonado fue el caso penal. La acción precluyó por indemnización a las familias de 11 de los 12 fallecidos y continuó por la muerte de Juan Esteban Cantor, el residente que perdió la vida en el colapso.
El juicio oral, desarrollado en 27 audiencias, terminó en enero de 2018 con la condena de 51 meses para Pablo Villegas Mesa, gerente de Lérida CDO; 50 meses para Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, ingeniero calculista; y 49 meses para María Cecilia Posada Grisales, directora de proyectos.
Interpuesto el recurso extraordinario de casación por la defensa de Villegas y Posada, el expediente llegó a la Corte Suprema, donde se ordenó en agosto de 2019 libertad inmediata a los acusados y la extinción de la acción penal por la indemnización a los Cantor.
Otro expediente se abrió desde 2013, luego de una acción de grupo presentada por los afectados del Space para que fueran indemnizados sus perjuicios. En este frente hubo sentencia condenatoria en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia el 14 de septiembre de 2022. La conclusión del fallo no pudo ser más diciente de la cadena de errores constructivos y de negligencia pública que rodeó a Space: de haber sido otra la conducta asumida por la Alcaldía en sus funciones de control urbanístico, la tragedia se hubiera evitado.
La Sala Primera de Oralidad condenó a Lérida CDO, a su gerente Pablo Villegas Mesa, a Álvaro Villegas Moreno como gerente suplente, y a Juan José Restrepo Posada y Emilio Restrepo Posada, integrantes de la junta directiva de la sociedad; al curador Carlos Alberto Ruiz Arango; y a la Alcaldía por su falta de vigilancia. También fueron condenados Axa Colpatria, la Previsora, Mapfre y Allianz por sus respectivas pólizas.
A los condenados los declaró solidariamente responsables de pagar $30.891 millones a los afectados por los perjuicios materiales y morales. Más de un año después, el fallo no ha quedado en firme. Luego de la sentencia de segunda instancia, los condenados presentaron tutelas que se tramitaron en un solo proceso ante el Consejo de Estado y en las que pedían claridades en cuanto a la solidaridad del Municipio y la contratación de los seguros de la Alcaldía. El máximo tribunal concedió las tutelas y ordenó complementar la sentencia. El Tribunal lo hizo el 18 de julio, pero ante nuevos pedidos aclaratorios, emitió otra sentencia el pasado 3 de octubre. Hasta el lunes pasado se presentaron nuevas solicitudes y hasta que no se resuelvan, el fallo no rige. Diez años después, los afectados de Space siguen esperando que al menos esta sentencia no se caiga.
¿Qué fue al final de la ‘ley antiSpace’?
En 2016 fue promulgada la Ley 1796, la cual se estableció para cubrir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios de edificios con problemas constructivos. En 2019 se determinó un régimen de transición de 24 meses para que las licencias de construcción de proyectos nuevos incorporaran los mecanismos de amparo previstos en la ley: patrimonio propio mediante una fiducia, garantía bancaria o póliza de seguro. El Decreto 1606 de 2022 dividió la vigencia, según el territorio. Por ejemplo, en las áreas metropolitanas de Bogotá y Medellín, la normatividad comenzó a regir el 1 de enero de 2022; mientras que en otras ciudades capitales como Barranquilla, Bucaramanga, Cali o Cartagena solo empezó a aplicarse el 30 de junio de 2023. Desde el 30 de junio de 2024 será obligatorio en el resto del país.
