Tras 35 meses en la Presidencia, Dina Boluarte fue destituida por el Congreso de Perú bajo el argumento de incapacidad moral permanente. Esta figura está establecida en la Constitución del país sudamericano.
Con 118 votos de 122 parlamentarios, el Congreso de Perú aprobó la vacancia de Boluarte como jefe de Estado y nombró en su lugar a José Jerí, un abogado de 38 años que hasta el momento se desempeñaba como jefe del legislativo.
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Sin bancada propia ni apoyo popular, la ya expresidenta se vio acorralada por escándalos, protestas y una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado jamás vista en Perú.
La destitución de Boluarte se contempló en la madrugada del viernes tras una sesión extraordinaria, Allí, los legisladores argumentaron su decisión en las investigaciones que tiene la ya exmandataria por presunta corrupción, además de argumentar cuestionamientos éticos y políticos en su contra.
¿Qué es la figura de incapacidad moral permanente?
El concepto de incapacidad moral no es nuevo en la política peruana, siendo aplicable al régimen de gobierno desde la Constitución de 1839. Históricamente, en el siglo XIX, se entendía como “incapacidad mental”.
Sin embargo, su significado ha evolucionado por lo que actualmente esta figura, establecida en el artículo 113 de la Constitución vigente como una causal de vacancia del jefe de Estado, es vinculada con aquellas conductas éticamente reprochables de tal gravedad que hagan resultar imposible que el presidente de la República siga en el cargo. Es decir, cualquier conducta reprochable en términos éticos puede ser reconducida como una incapacidad moral permanente.
La figura de incapacidad ha sido promovida por el Congreso de Perú en seis ocasiones desde el 2017, algo que ha generado inestabilidad política y que este país tenga siete presidentes en la última década.
Uno de esos casos fue el de Pedro Pablo Kuczynski en donde se invocó la falta a la verdad como una de las razones para la incapacidad moral. Para Pedro Castillo, antecesor de Boluarte, las razones señaladas incluyeron la designación de ministros cuestionados y el presunto tráfico de influencias en las Fuerzas Armadas.
Este argumento utilizado para la destitución de varios presidentes ha tenido cuestionamientos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha expresado su preocupación, señalando que la vacancia por incapacidad moral permanente carece de una definición objetiva y que tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional (TC) de Perú.
Esta falta de parámetros fijos convierte la causal en un espacio abierto de interpretación política, lo cual puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos.
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