Policía recuperó el control de las instituciones en Brasil y Lula está en guardia para evitar un golpe
Al menos 150 personas han sido capturadas este domingo en Brasilia por el asalto a los edificios del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo.
Policías enfrentan a seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que invaden hoy, el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, en Brasilia, después de haber irrumpido antes en el Congreso Nacional. FOTO: EFE/ Andre Borges
Tras cuatro horas y media de caos, las fuerzas de seguridad recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil tras ser invadidos y vandalizados por miles de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Según informaciones preliminares de la Policía, citadas por medios, hasta el momento hay 150 detenidos. Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La acción de los bolsonaristas fue unánimemente condenada por la comunidad internacional, desde EEUU, la Unión Europea, la Celac, la Internacional Socialista y numerosos gobiernos latinoamericanos y europeos.
El secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Anderson Torres, aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue destituido de su cargo hoy mismo. “Determiné la destitución del secretario de Seguridad del Distrito Federal, al mismo tiempo que puse en las calles a todos los cuerpos de seguridad, con la determinación de detener y sancionar a los responsables”, afirmó el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, en sus redes sociales. Rocha también solicitó el apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que asumió el poder el pasado domingo, y puso a su gabinete a disposición de los poderes federales.
No obstante, Lula —quien se encuentra este fin de semana en Sao Paulo—determinó por decreto una intervención federal en la capital brasileña que le retira las facultades a Rocha en todo lo concerniente a la seguridad pública y se las otorga al interventor designado, el viceministro de Justicia, Ricardo Capelli. Torres acababa de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia tras ejercer como ministro de Justicia en los dos últimos años de mandato del Gobierno de Bolsonaro, que dejó el poder el pasado domingo, cuando Lula juró como nuevo jefe de Estado.
Después de la destitución de Torres, la Abogacía General de la Unión (AGU) envió un oficio al magistrado de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, en el que pide la prisión de Torres y de “todos los agentes públicos responsables por los actos y omisiones”. De igual manera, la AGU solicitó “la adopción de otras medidas cautelares que impidan la práctica de nuevos actos criminales”.
Los simpatizantes habrían actuado ante la aparente connivencia de algunas patrullas de la Policía Militar de Brasilia, que, según videos divulgados por medios locales, se dedicaron a observar desde la distancia e incluso se tomaron fotos del momento con sus celulares. “El desorden es inconcebible y la falta de respeto a las instituciones es inaceptable. He determinado que todos los miembros de la Policía Militar y de la Civil actúen con firmeza para que se restablezca el orden con la máxima urgencia. El vandalismo se combatirá con el rigor de la ley”, manifestaba Torres, mientras ocurrían los graves disturbios. Torres es un fiel escudero de Bolsonaro y, según el diario O Estado de Sao Paulo, justo después de asumir la Secretaría de Seguridad de Brasilia viajó a Orlando, en Estados Unidos, donde se encuentra actualmente el expresidente brasileño.
