El defensor del Pueblo panameño, Eduardo Leblanc, llegó a Colombia en búsqueda de apoyo para solucionar una de las situaciones humanitarias más graves de los últimos años en su país, la cual no le es ajena al gobierno colombiano.
Se trata de la crisis migratoria que viven ambos países por cuenta del paso de personas en su mayoría haitianas, venezolanas y cubanas que van rumbo a Estados Unidos con el objetivo de tener una mejor vida, y que, para lograrlo, se enfrentan a las difíciles condiciones de caminar alrededor de seis días por el Tapón del Darién, un extenso corredor selvático que divide a Colombia y Panamá.
Por eso, Leblanc, durante el Encuentro Internacional de Defensores del Pueblo que se hizo en Cartagena la semana pasada, le hizo una serie de peticiones al gobierno del presidente Iván Duque para trabajar por esta crisis.
Uno de los mensajes que más hizo eco fue el deseo de que se militarice la frontera con soldados del Ejército colombiano. Así se lo manifestó Leblanc a este diario, al decir que su propósito fue llamar la atención a las autoridades de ambos países para que el Ejército se tome parte de esa selva, cosa que harán, de su lado, los militares panameños.
Según el defensor, con uniformados en la zona se van a combatir los “vándalos que tanto daño le hacen hoy en día a los migrantes, y que mañana, cuando no estén, le harán al resto de gente”.
Más peticiones
La crisis migratoria no solo la tienen Panamá y Colombia, eso lo sabe muy bien el defensor del Pueblo, por eso, durante el encuentro realizado los pasados miércoles y jueves, les solicitó a los países de la región apoyar esta lucha para así poder ofrecer una óptima atención a cada migrante.
De hecho, el llamado no solo fue para Colombia, sino también para Estados Unidos, pues desde Panamá, según explicó Leblanc, entienden esta situación como un tema integral, “en el que deben aportar los países de origen, de tránsito, y sobre todo el de destino”.
Esa petición fue acogida hace cinco días en la Conferencia Ministerial sobre Migración que se hizo en Bogotá. En ella participaron 17 países del continente, entre esos Estados Unidos, el cual se comprometió a trabajar por resolver esta problemática.
Por otro lado, en el caso particular de Panamá y Colombia, Leblanc pidió a ambos gobiernos no descuidar a sus poblaciones nativas, ya que esta crisis impacta de lleno en ellos, porque “cuando baje la ola de migrantes, los delincuentes van a buscar más presas, ¿y quiénes serán?: nuestros pobladores. Por eso es importante unir esfuerzos juntos para resolver este tema”.
A ese escenario se suma la gran cantidad de migrantes que hay del lado panameño y en Necoclí, Antioquia, pues el número de autorizados para pasar es de 500 al día, pero Leblanc dijo que ha alcanzado a recibir hasta 1.500, lo que les ha complicado la atención humanitaria. De ahí el deseo de que países como Costa Rica, el siguiente destino en el recorrido hacia Estados Unidos, apoyen la situación.
Frente a la aglomeración, el defensor del pueblo colombiano, Carlos Camargo, le contó a EL COLOMBIANO que en Panamá solo pueden avanzar 100 personas al día, por lo que las otras 400 se terminan devolviendo.
En ese sentido, migrantes han señalado que al llegar a Metetí, punto panameño, se han presentado retornos violentos hacia Colombia por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront). Ante eso, Leblanc le contestó a este diario que su país no tiene retornos forzosos en el Darién, y que incluso en la Defensoría son vigilantes de los derechos humanos de los migrantes.
Otros puntos de vista
María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos del Rosario, no ve tan bien la militarización en la frontera, ya que los más afectados serían los migrantes. ¿Por qué?, la medida significaría que se cotice más alto el negocio ilegal de los traficantes de migrantes.
Es decir, al haber más vigilancia, a las personas les aumentan el cobro del paso en condiciones de por sí ya precarias. Para ella, la solución es el trabajo en conjunto y la voluntad política que garantice los derechos de las personas.
Sin embargo, en el manejo de esta crisis, la investigadora destacó la creación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos por parte del gobierno colombiano, al cual se refirió el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.
En su visita a Colombia de la semana pasada, Blinken dijo que el Estatuto es un ejemplo para el mundo, y que su país y Colombia “trabajan mano a mano para atender las necesidades humanitarias de 1.800.000 venezolanos desplazados en Colombia”.
En todo caso, para solucionar la situación en el Darién, Leblanc subrayó como conclusión que el llamado a Colombia es a conversar íntegramente y no por separado, para así combatir hurtos, violaciones y demás agresiones a migrantes y pobladores de la frontera