Nicaragua es el centro de discusión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que comenzó este miércoles y termina el viernes. El evento se lleva a cabo en Guatemala y sucede menos de una después de las elecciones presidenciales de ese país, que resultaron con la cuarta reelección de Daniel Ortega y siete candidatos opositores presos o en el exilio.
La cercanía en el calendario con esa jornada, que tuvo una abstención del 80 %, centra la atención en el futuro de la relación del organismo y sus 35 estados miembros con el país centroamericano. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, el presidente de Colombia, Iván Duque, entre otros, pusieron un tema en la agenda: convocar la Carta Democrática Interamericana para el caso Nicaragua.
Ese es un mecanismo de política internacional que permite a los integrantes de la OEA tomar acciones en pro de la democracia. Recientemente, se aplicó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que se apartó de la organización, y también se utilizó en el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras, ocurrido en 2009.
Las fracturas entre Nicaragua y la OEA ya son evidentes. El representante permanente de ese país ante la OEA, Arturo McField Yescas, aseguró que las elecciones presidenciales se realizaron “de manera libre, sin sanciones ni chantajes”. Almagro, por su parte, reconoció que el asunto está en la agenda y aclaró que “serán los países los que decidirán el nivel de aplicación de la Carta”.
La OEA evalúa aplicar dos oficios, el 20 y 21. El primero de estos se convoca cuando hay una alteración democrática en un estado miembro y sirve para llamar a un Consejo Permanente sobre ese país; el segundo considera la suspensión del actor en el que se ha dado una alteración del orden constitucional. Esa, entonces, sería la máxima sanción que podría llegar para Nicaragua en las próximas horas.
Las cuentas están en contra de Nicaragua. Entre los estados miembros, solo Bolivia reconoció esos comicios y otros administraciones de izquierda (de Argentina, México y Perú) también dieron la espalda al régimen de los Ortega-Murillo.
La carta es una forma directa para ejercer presión sobre Daniel Ortega, pero el caso de Venezuela, que se aplicó en 2018 tras su reelección, deja dudas sobre qué tan efectiva puede ser lograr una nueva convocatoria a elecciones democráticas con veeduría internacional
