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Bandas criminales de la región tienen buena parte del negocio, que ya supera al de las drogas.
En cada rincón de América Latina donde la extracción y comercio de oro se realizan de manera ilegal, hay algo en común: todas las formas del crimen se juntan ahí, desde los delitos ambientales, la trata de personas y el lavado de dinero, hasta la corrupción, el desplazamiento forzado y la intervención de grupos ilegales.
A esa conclusión llegó Livia Wagner, investigadora de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI), que entre febrero y diciembre de 2015 exploró las realidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Perú y Venezuela con el fin de encontrar los vínculos entre crimen organizado y minería ilegal de oro, así como para explicar cómo este nexo perverso abona el terreno para cometer otras irregularidades.
Lo primero que revela el informe es que las sumas en juego son sorprendentes. Según indagó el GI en Perú, 35 toneladas de oro de contrabando, que costaban más de 1.000 millones de dólares, fueron trasladadas desde puertos...