Con el escándalo de Odebrecht en los diferentes países de Latinoamérica como Brasil, Chile y Perú, se conocieron brotes de corrupción que alcanzaron a los mandos más altos del gobierno: sus presidentes.
A esto se le suman investigaciones por presuntas irregularidades en las administraciones o, incluso, secuestros, como el caso que involucra al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Estos asuntos hacen que exlíderes de más de seis países del continente estén en líos con la justicia.
El más reciente fue el del exmandatario de El Salvador, Elías Antonio Saca, quien el pasado jueves confesó el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal. De ese dinero, 50 millones habrían quedado en manos suyas o de sus familiares. Países como Panamá y Perú, también están entre ojos de las entidades vigilantes.
En Panamá, por ejemplo, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Martín Torrijos están salpicados por escándalos de corrupción; en Perú, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su exprimera dama Nadine Heredi, Alan García y Alberto Fujimori han tenido que responder a investigaciones y han pagado condenas por este delito.
Al respecto, Cárlos Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de la Sabana explica que estos casos “demuestran la fragilidad en la capacidad de gobernanza en nuestros países, una gobernanza torneada por la corrupción”, sin embargo, resalta que en medio de estos escándalos hay un punto positivo, y es que se están judicializando estos hechos y la ley está llegando a altas esferas.
Estos casos permean tanto a la izquierda como la derecha del continente. En Perú, Kuczynski representante de la derecha, al igual que Martinelli en Panamá, fueron comprometidos con actuaciones dudosas relacionadas con corrupción, pero también están involucrados exmandatarios de izquierda como Rafael Correa, Lula da Silva o Cristina Fernández de Kirchner.
