La reforma judicial propuesta en México, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, logra un hito histórico al convertirse en la primera en el mundo que permitirá a la ciudadanía elegir a todos los jueces del país mediante voto popular.
Esta medida, que recibió el respaldo de 18 congresos estatales, está lista para ser promulgada y se convierte en la iniciativa constitucional que más rápidamente ha cumplido con este requisito.
En una rueda de prensa, López Obrador celebró la aprobación de la reforma. “Ya aprobados 18 (estados), o sea que ya es legal”, afirmó el mandatario, quien añadió que esperará a que se complete el proceso en las 32 entidades federativas antes de firmar el texto definitivo.
La reforma, que deberá ser posteriormente reglamentada por el Congreso federal a través de leyes secundarias, contempla que la elección de cerca de 7.000 jueces y magistrados, incluidos unos 1.600 federales, se realice entre 2025 y 2027.
Los candidatos serán propuestos de manera paritaria por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y podrán postularse los actuales jueces, quienes seguirán en sus cargos si deciden no participar en el proceso electoral.
López Obrador argumenta que la reforma permitirá limpiar el poder judicial de la corrupción y dará un “ejemplo” al mundo.
Sin embargo, la propuesta ha suscitado una serie de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Magistrados del Supremo, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su preocupación por el potencial riesgo que la reforma representa para la independencia del poder judicial.
Según estas voces críticas, la elección por voto directo podría facilitar manipulaciones políticas y la influencia del narcotráfico sobre los jueces.
La reforma se inscribe en el contexto de un enfrentamiento prolongado entre López Obrador y la Suprema Corte, que ha bloqueado diversas reformas propuestas por el presidente en áreas como el sector eléctrico y la seguridad ciudadana. En respuesta, López Obrador ha acusado al máximo tribunal de proteger a políticos corruptos y al crimen organizado, además de ser un bastión de la oposición.
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La CIDH ha emitido un comunicado en el que expresa su “grave preocupación” por las implicaciones de la reforma en la independencia judicial y el Estado de derecho en México. Además, se ha advertido que la reforma podría tener repercusiones negativas en la seguridad jurídica del país, afectando incluso las relaciones con Estados Unidos y Canadá bajo el marco del tratado T-MEC.
El proceso de aprobación de la reforma no ha estado exento de controversias. La jornada en la que se aprobó la enmienda en el Senado se caracterizó por un caos significativo, que incluyó la invasión del recinto por parte de funcionarios judiciales y estudiantes. Las deliberaciones tuvieron que trasladarse a la antigua sede del Senado en Ciudad de México, reflejando la tensión y resistencia que la medida ha generado.
El impacto de la reforma también se extiende a los problemas persistentes en el sistema judicial mexicano, como el déficit de jueces y la alta impunidad.
Con más de 80 homicidios diarios y más de 100.000 desaparecidos en el país, el sistema judicial enfrenta un grave rezago y una baja capacidad investigativa, situación que, según críticos, la reforma no aborda de manera integral.
Mientras México avanza hacia una reforma judicial sin precedentes, el debate sobre su viabilidad y sus consecuencias continúa intensificándose tanto a nivel nacional como internacional.
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