En medio del intento de Nicolás Maduro por revertir la fuerte caída que ha tenido Venezuela a nivel económico y social en los últimos cinco años, la inseguridad en la frontera es el punto que no le juega a favor.
El narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales en el vecino país y el flujo de migrantes que a diario llegan a Colombia son la piedra en el zapato de Maduro, quien promovió un cambio de política que incluye la devolución de tierras que años atrás había expropiado su copartidario Hugo Chávez.
Lo hizo luego de que a dicho país se le redujera la hiperinflación, y de que a inicios de marzo fueran liberados Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández, estadounidenses a los que el régimen tenía presos.
Ese giro a nivel local viene acompañado de un espaldarazo internacional, pues el gobierno venezolano ha tenido acercamientos con el presidente Joe Biden, quien designó a una delegación del Departamento de Estado con el fin de discutir la reanudación de exportaciones entre ellos.
A eso se le suma que, pese a las diferencias, los presidentes Gabriel Boric y Pedro Castillo criticaron el cerco diplomático que impulsó el Grupo de Lima contra Maduro, tanto así que el gobierno peruano se salió de esa organización.
Tintes de normalidad
La Casa Blanca ya identificó que uno de los movimientos que ha beneficiado a Maduro es que desde inicios de 2022 ese país viene saliendo de la hiperinflación en la que estuvo desde antes de la pandemia por el covid-19.
Muestra de ello es que se redujo el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor, el cual llegó a ser en 2019 de hasta el 9.585 %. Hoy, con cifras que no superan el 10 %, en Venezuela se habla de una mayor apertura económica y de cierta estabilidad por cuenta del dólar, moneda que poco a poco ha ido ganando terreno en las transacciones.
Con esta mejoría, el interés del gobierno de Biden de acercarse a Maduro se debe a asuntos energéticos, ya que Estados Unidos le dejó de comprar combustible a Rusia tras la invasión a Ucrania.
Las miradas a Venezuela, sin embargo, no solo se posan en el norte. A pesar de las críticas en las que Maduro lo calificó de ser de una “izquierda cobarde”, Gabriel Boric anunció que espera fortalecer lazos diplomáticos con toda la región, inclusive con Venezuela.
A dichos intereses se suma que a nivel interno, el oficialismo venezolano ya impone condiciones –sin fecha– para retomar diálogos con la oposición. De concretarse, se darían luego de suspenderlos por la captura del supuesto testaferro colombiano Álex Saab.
En cuanto a condiciones, el director de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla de reanudar las reuniones teniendo en cuenta la economía y al sector empresarial, al cual le llegó una buena noticia este mes.
El ministro Tareck El Aissami, junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez impulsaron la devolución de fincas, hoteles y empresas a sus dueños, terrenos que fueron expropiados por el gobierno de Chávez.
La devolución que más causó revuelo en Caracas fue la del Sambil La Candelaria, el complejo comercial que dejó millonarias pérdidas a 110 emprendedores al estar en poder del chavismo por 13 años.
Crisis en la frontera
La mancha que opaca el repunte del gobierno de Maduro impacta directamente en la seguridad de los colombianos.
De hecho, Iván Duque, uno de los promotores del cerco diplomático, hace siete días se refirió a ello ante el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando habló de la crisis en Arauca.
En ese departamento fronterizo, de acuerdo a labores de inteligencia de las Fuerzas Militares, autoridades venezolanas han sido cómplices a la hora de permitir que disidentes de las Farc y el ELN instalen campamentos en estados como Apure y Táchira.
A ello se le suma la llegada de emisarios de narcotraficantes de carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quienes buscan ejercer el control territorial en la zona para no afectar sus negocios ilícitos.
En esa disputa con civiles en el medio sale a flote otro factor por el que organizaciones internacionales le han pasado factura a Venezuela: la migración.
Jaime Marthey, defensor del Pueblo en Norte de Santander, le detalló a este diario que la crisis migratoria se mantiene, “obviamente no en la misma intensidad, pero sí siguen llegando familias”.
Según el último reporte de la Defensoría, cada día salen y entran por Cúcuta hasta 20.000 personas que, en el caso de los que ingresan, lo hacen en busca de medicamentos, comida y oportunidades laborales que pese a las recientes políticas de Maduro y su repunte económico, aún no se abarca a toda la población venezolana
20
mil personas cruzan al día la frontera en Cúcuta buscando medicamentos y trabajo.
