El Gobierno de Nayib Bukele ha aprobado reformas legales que permiten trasladar a menores de edad a cárceles para adultos en El Salvador, una decisión que ha generado fuertes críticas de Human Rights Watch (HRW). La organización advierte que esta medida viola estándares internacionales de justicia juvenil y expone a los menores a condiciones inhumanas.
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La nueva ley, sancionada por Bukele el 13 de febrero y aprobada por la Asamblea Legislativa, establece que los menores acusados de delitos bajo la modalidad de crimen organizado sean recluidos en pabellones separados dentro de cárceles para adultos. Sin embargo, HRW ha denunciado que estos centros han sido escenario de torturas y graves violaciones a los derechos humanos.
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, advirtió Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW. “Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”.
Desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, más de 3.000 niños y adolescentes han sido arrestados, muchos de ellos sin pruebas claras que los vinculen con pandillas o delitos, según HRW. En algunos casos, las detenciones se han basado en denuncias anónimas o en la apariencia física de los menores.
La organización también ha documentado que, hasta febrero de 2024, al menos 1.065 menores habían sido condenados bajo el régimen de excepción, en muchos casos por el delito de “agrupaciones ilícitas”, considerado excesivamente amplio. Policías entrevistados por HRW señalaron que las autoridades los presionaban para cumplir con cuotas diarias de detenciones.
Condiciones inhumanas y riesgo de tortura en megacárceles de Bukele
HRW ha alertado que los menores enfrentarán condiciones de hacinamiento extremo, torturas y violencia en las cárceles para adultos, además de restricciones severas para comunicarse con sus familias y acceso limitado a servicios básicos como alimentación, agua potable y atención médica.
“Los niños y niñas, que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos. Bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”, enfatizó Goebertus.
Las reformas también endurecen las penas para menores: niños de entre 12 y 15 años podrán recibir hasta 10 años de prisión, mientras que los mayores de 16 años enfrentarán sentencias de hasta 20 años. HRW señala que estas medidas contradicen las recomendaciones de la ONU, que insta a no reducir la edad mínima de responsabilidad penal y a elevarla al menos a los 14 años.
La organización ha instado a las autoridades salvadoreñas a reconsiderar estas medidas, argumentando que encarcelar a menores en prisiones para adultos “no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”.
HRW ha documentado al menos 368 muertes en cárceles salvadoreñas bajo el régimen de excepción y sugiere que en varios casos las autoridades podrían ser responsables. “Fotos y testimonios identificados por Human Rights Watch y análisis de expertos forenses apuntan a un papel de las autoridades en varias de estas muertes”, señala la organización.
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La comunidad internacional observa con preocupación la evolución del sistema penitenciario en El Salvador y el impacto que estas medidas pueden tener en los derechos de la niñez y la adolescencia.
