El espectro de la ingobernabilidad vuelve a amenazar a Ecuador, donde el presidente derechista Guillermo Lasso disolvió este miércoles el Congreso dominado por la izquierda opositora, que se disponía a destituirlo por presunta corrupción. Y sumió al país en una nueva etapa de inestabilidad que tiene a América Latina
“Marca un escenario de mayor y profunda inestabilidad política”, le dijo a la AFP la politóloga Paulina Recalde tras el decreto firmado el miércoles por Lasso para aplicar esa facultad constitucional, que derivará en elecciones generales anticipadas para completar el período 2021-2025. Lo más probable es que se realicen el 20 de agosto.
Ante esta situación, aquí se recogen cinco claves para entender qué está pasando en Ecuador y cuál puede ser el desenlace de todo.
¿Cómo se llegó a esto?
Antes de que se diera la votación sobre su destitución en un juicio político por corrupción que inició el martes, Lasso –acusado de supuesto peculado en contratos para el transporte de petróleo– disolvió la Asamblea Nacional por la causal de “grave crisis política y conmoción interna”.
El mandatario, de 67 años, puso así en juego su permanencia en el cargo, al que llegó en mayo de 2021 con una credibilidad de 70% que dos años después se ubica en 10%, de acuerdo a la encuestadora privada Perfiles de Opinión, dirigida por Recalde.
¿Es el regreso de Correa?
Frente al desgaste de la derecha, representada por Lasso, analistas estiman que los comicios anticipados serán una gran oportunidad de recuperar terreno para la izquierda.
Sobre todo para el movimiento liderado por el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), Revolución Ciudadana, y para el brazo político de los indígenas, Pachakutik, las dos principales fuerzas en el Legislativo, aunque sin ser mayoría.
El correísmo contaba con 49 de los 137 curules y Pachakutik con 24, mientras que el oficialismo lograba apenas una docena. En todo caso, Correa tiene una sentencia en su contra en Ecuador y, si regresa al país, es capturado.
¿El Presidente puede repetir?
Lasso, quien logró la presidencia en su tercer intento al vencer al correísmo, puede ser nuevamente candidato, al permitir la Constitución la reelección por una sola vez.
Según Recalde, Lasso carece de respaldo popular porque “9 de cada 10 ecuatorianos no le cree” y está bajo la acusación de corrupción.
Correa, quien triunfó en los comicios de 2007, 2009 y 2013, quedó impedido de ser candidato con la modificación de la Carta Magna por parte del expresidente Lenín Moreno (2017-2021), quien eliminó la reelección indefinida promovida por su antecesor.
Además, sobre el exmandatario, exiliado en Bélgica desde que dejó el poder, pesa una orden de prisión dictada por la justicia ecuatoriana, que en 2020 lo condenó a 8 años de cárcel por cohecho, delito que no prescribe en Ecuador.
Todos los problemas juntos
Pero lo político no es el único enredo. Ecuador enfrenta problemas de inseguridad ligada al narcotráfico, desconfianza en las instituciones del Estado y un panorama económico desalentador.
Ecuador enfrentó el peor período de inestabilidad democrática de su historia entre 1996 y 2007, cuando llegó a tener 7 mandatarios hasta que en este último año ganó de Correa.
Tres gobernantes elegidos en las urnas fueron derrocados en medio de revueltas de indígenas y otros sectores, con la intervención del Parlamento de una u otra forma, que por ejemplo declaró la incapacidad mental –sin comprobación médica– para gobernar del Abdalá Bucaram, en 1997.
¿Y los militares?
El denominado Frente Popular, que aglutina a trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y colectivos de mujeres, llamó a protestas contra Lasso, que ahora puede gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
“Serán las calles el escenario en el cual defenderemos los derechos y libertades”, aseguró su líder, Nelson Erazo.
Las Fuerzas Armadas y la Policía expresaron que la disolución del Congreso está enmarcada en la Carta Magna y que están seguros que “el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia”.
Agregaron que actuarán “con firmeza” para proteger los derechos y exhortaron a la unidad “para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos, sin violencia”.
