El presidente argentino, Javier Milei, amplió por decreto el martes las facultades de la policía para arrestos, requisas, uso de armas del servicio y vigilancia digital sin orden judicial, antes de una manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por defraudación.
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El decreto publicado en el boletín oficial entra en vigor un día antes de una manifestación en Buenos Aires en solidaridad con la líder opositora Kirchner, quien cumple en su domicilio una condena de seis años de prisión a partir de este martes.
Con las nuevas atribuciones, la Policía Federal podrá mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas para su identificación en casos de que exista presunción de delito, según el texto firmado por el presidente ultraliberal.
También podrá requisar a personas en la vía pública, así como sus efectos personales y vehículos, sin permiso de un juez. Además, “el personal con estado policial podrá esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios”, dice el decreto.
También autoriza a la policía a vigilar sin autorización judicial “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”. “Vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel”, dijo Milei en la presentación de esta reforma.
Para la oenegé Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), implica la “destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino”.
El decreto “faculta a la Policía Federal a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces (...) O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, sostuvo Correpi en un comunicado.
Para ello podrán acceder a bases de datos públicas y privadas, así como elaborar sus propias bases de información. “Basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencias y vehículos”, advirtió.
A la protesta del miércoles adhirieron las tres centrales sindicales, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles con delegaciones desde varios puntos del país.
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