La ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla Zerrate, y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, informaron que, en medio de una revisión de la contratación del Sistema de Medios Públicos (Inravisión), identificaron millonarios contratos de entidades del estado que fueron destinadas a propaganda en meses de la campaña presidencial de 2026.
Son alrededor de 7.255 millones de pesos, provenientes de recursos del Ministerio de Educación y del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que se destinaron a servicios de “pauta, plan y/o contenido digital”.
Según detallaron, un contrato con el Ministerio de Educación por 10.000 millones de pesos destinó 6.362.619.652 pesos al pago de pauta y contenido digital entre junio, julio y agosto de 2026. De ese monto, la empresa 3D Mobile (3DM SAS) recibió 1.364.619.653 pesos, y Prowess SAS, 4.997.999.999 pesos.
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A esto se suma el Convenio Interadministrativo No. 390-2026, suscrito con el Dapre por 1.500 millones de pesos, de los cuales 892.845.137 pesos fueron utilizados para un “plan digital” entre marzo, junio, julio y agosto de este año.
Estos hallazgos están siendo investigados a la luz del calendario electoral reciente: la primera vuelta presidencial se realizó el 31 de mayo y la segunda, el 21 de junio.
Es precisamente la coincidencia entre esas fechas y la ejecución de los contratos las que, según dicho Ministerio, plantean interrogantes sobre los criterios utilizados para priorizar este tipo de gastos frente a otras necesidades de sectores como educación y los programas sociales de la Vicepresidencia.
Además, MinTic suma a estos hallazgos la detección de más de 1.051 contratos suscritos durante 2026 por un valor superior a los 100.000 millones de pesos. Según el informe, entre el 6 y el 7 de agosto, los últimos días de mandato del anterior gobierno de Petro, se habrían firmado 87 contratos adicionales por cerca de 4.000 millones de pesos.
Ante este panorama, Inravisión solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar la situación contractual y presupuestal de la entidad.
Según la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005), las entidades públicas tienen prohibido realizar contratación directa y celebrar convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones con el fin de evitar que los recursos del Estado se usen para favorecer campañas electorales.
Su incumplimiento puede provocar nulidad en contratos o convenios y sanciones disciplinarias, fiscales o penales a los funcionarios públicos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría y la Contraloría no se han pronunciado sobre el reporte del MinTIC.
Citación a debate de control político
Recientemente, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, anunció que citará a la ministra Falla y a la gerente de Inravisión, Ángela Mora, a un debate de control político, motivado inicialmente por la suspensión de 20 emisoras de paz y otras decisiones recientes tomadas en el Sistema de Medios Públicos.
Toro recordó que el funcionamiento de esas emisoras es un acuerdo de Estado que sale del Acuerdo de Paz de 2016, y afirmó que a más de 467.000 personas se les estaría vulnerando el derecho a la información.
El representante también denunció que, al parecer, el periodista Omar Jaimes participó en un consejo de redacción sin un vínculo contractual, y sugirió que a las periodistas y presentadoras indígenas del Sistema de Medios Públicos solo se les habría permitido salir en cámara “si vestían de civil”.
Toro adelantó que este último punto será parte del cuestionario anexo a la citación de debate, en el marco del artículo 134A del Código Penal —incorporado por la Ley 1482 de 2011 y modificado por la Ley 1752 de 2015—, que sanciona a quien arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de una persona por razones discriminatorias, incluida la etnia.
El debate de control político contra la ministra Falla y la gerencia de Inravisión se suma al de otros cuatro ministerios que también serían citados a control político: el de Vivienda, por, entre otras cosas, su controversial paseo a Santa Marta en medio de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto; el de Hacienda, para conocer con qué cifras recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella las finanzas públicas; el de Trabajo, para revisar las cifras de desempleo, informalidad y empleo juvenil en Colombia; y el de Justicia, para que explique cómo recibió la cartera y cuál es el estado del sistema penitenciario.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿En qué consiste la denuncia realizada por el Ministerio de las TIC sobre los fondos de Educación?
- La ministra Alexandra Falla Zerrate y la gerente de Inravisión, Ángela Mora, revelaron que cerca de
$7.255 millones de pesos provenientes del Ministerio de Educación y del DAPRE fueron direccionados a “pauta, plan y contenido digital” entre marzo y agosto de 2026, coincidiendo con las fechas clave del calendario de la campaña presidencial.
- ¿Qué empresas privadas recibieron los millonarios contratos de pauta digital?
- De un convenio por $10.000 millones con el Ministerio de Educación, la empresa
Prowess SAS recibió $4.997 millones, mientras que
3D Mobile (3DM SAS) ejecutó $1.364 millones para difusión de contenido digital entre junio y agosto de 2026.
- ¿Qué otras irregularidades contractuales fueron detectadas en Inravisión?
- MinTIC identificó más de
1.051 contratos firmados en 2026 por más de $100.000 millones. De ese total, entre el 6 y 7 de agosto de 2026 —en las últimas 48 horas del mandato saliente— se suscribieron
87 contratos adicionales por un valor cercano a los $4.000 millones.
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