La Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección de Didier Blanco, notificó la suspensión y retiro de los esquemas de seguridad a un nutrido grupo de antiguos altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro, así como a líderes políticos y activistas afines.
La decisión cobija a quienes desde agosto se hacen llamar el “Gabinete por la Vida”, una estructura tomada del modelo del parlamento inglés en el que opositores se organizan para vigilar un área específica. En Colombia esta figura se limita a una cuestión simbólica.
En la lista conocida por la revista Semana aparecen los exministros y ahora integrantes del “gabinete” opositor Antonio Sanguino (Trabajo), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda) y Rosa Yolanda Villavicencio (Cancillería), así como Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones.
Asimismo, también aparecen los exministros José Antonio Ocampo (Hacienda), Yesenia Olaya (Ciencia), Diana Morales (Comercio), Edwin Palma (Minas), Luis Alfredo Acosta Zapata (Igualdad) y Yeimi Carina Murcia (TIC).
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La medida también acoge a otros exintegrantes de la administración anterior, como el exalto comisionado para la paz, Otty Patiño; el exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo; la expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Ángela María Robledo; y el exsuperintendente de Salud, Daniel Quintero Calle.
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Al ser notificados de la eliminación de sus esquemas de seguridad, los afectados tienen 10 días para presentar recursos de apelación y solicitar una reevaluación de sus estudios de riesgo. Por ahora, solo el exdirector del DNI anunció en conversación con EL COLOMBIANO que acudirá a este recurso.
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