El ministro del Interior, Rodrigo Lara, puso el foco sobre una denuncia que compromete la explotación ilegal de oro en un predio de 13.000 hectáreas ubicado en Nóvita, Chocó, y que, según su propietario, podría tener además una conexión con la financiación de campañas políticas.
Lara compartió en su cuenta de X un reportaje de Semana que documentó las denuncias de Jesús Carmelo López Benítez, propietario de los terrenos, quien asegura que su finca fue ocupada para desarrollar actividades de minería ilegal y que en la zona operarían más de 100 retroexcavadoras.
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El ministro acompañó la publicación con un video grabado desde un helicóptero Mi-17 durante un sobrevuelo de varios minutos sobre zonas de minería ilegal en el Chocó.
“Con el Estatuto Antiterrorista que vamos a presentar la semana entrante en el Consejo de Política Criminal, vamos a tomar fuertes medidas contra la gran minería criminal”, señaló Lara.
La reacción del funcionario llevó nuevamente la atención sobre el caso de las 13.000 hectáreas que López Benítez asegura haber heredado de su padre y que, de acuerdo con sus denuncias ante las autoridades, actualmente estarían bajo control de terceros vinculados a la explotación ilegal de oro.
Una denuncia que llegó a la Fiscalía López Benítez sostiene que los terrenos están ubicados en el corregimiento de San Lorenzo, zona rural de Nóvita, y que durante años ha acudido a diferentes autoridades para intentar recuperar el control de la propiedad.
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Según su relato, la disputa no se limita a la ocupación de las tierras.
El propietario asegura que personas que no tendrían derechos sobre los terrenos habrían aparecido con documentos que considera falsos para presentarse como propietarios y participar posteriormente en el negocio minero.
En las denuncias que ha presentado ante la justicia, López Benítez señala además la presunta participación de estructuras armadas ilegales. “Yo salí desplazado de Nóvita y no tengo protección. Por mis denuncias, me declararon objetivo militar”, aseguró.
El hombre sostiene que en la finca existiría un campamento del Clan del Golfo y que esa estructura habría facilitado la ocupación de los terrenos y la explotación del oro. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias del propietario del predio.
Más de 100 retroexcavadoras
Uno de los elementos centrales de la denuncia es la magnitud de la explotación que, según López Benítez, se estaría desarrollando dentro de sus terrenos.
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El propietario afirma que actualmente habría más de 100 retroexcavadoras trabajando en la zona y que distintas personas estarían obteniendo beneficios económicos de la extracción del oro.
La documentación que ha entregado a las autoridades incluye fotografías y videos en los que, según su denuncia, se observa la intervención de maquinaria pesada y la transformación del territorio.
Para López Benítez, el problema también tiene una dimensión ambiental. Asegura que la actividad minera “habría provocado desviaciones de fuentes hídricas, deterioro del suelo y contaminación de las aguas utilizadas por comunidades de la zona”.
En su denuncia, sostuvo que algunos habitantes no cuentan con acueducto ni agua potable y que, por esa razón, estarían expuestos a consumir agua afectada por las actividades mineras.
La acusación que alcanza a un dirigente del Chocó
En la denuncia más reciente, López Benítez señaló a Jenaro Murillo Arboleda, dirigente político del Chocó que podría aspirar a la Gobernación del departamento en 2027.
El propietario lo señaló de estar presuntamente relacionado con actividades mineras desarrolladas sin los permisos y requisitos correspondientes.
Según el denunciante, la ocupación de los terrenos habría sido posible mediante la intervención de grupos armados ilegales y particulares que posteriormente participarían en el reparto de las ganancias obtenidas del oro.
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López Benítez pidió a la Fiscalía investigar a Murillo y a otras personas que, según su denuncia, estarían relacionadas con la explotación de los terrenos. Hasta ahora no existe una decisión judicial que establezca la responsabilidad de Murillo en los hechos denunciados.
¿El oro terminó en campañas políticas?
La parte más sensible de la denuncia está relacionada con el supuesto destino de las ganancias. López Benítez aseguró ante las autoridades que el dinero obtenido de la explotación ilegal de las tierras podría haber sido utilizado para financiar proyectos electorales durante las elecciones de 2026.
Su denuncia también plantea el riesgo de que esa eventual estructura pueda mantenerse de cara a las elecciones regionales de 2027. Por eso, solicitó investigar una posible financiación irregular de campañas y determinar si existió alguna conexión entre las rentas producidas por la minería ilegal y actividades políticas.
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El propietario pidió que se establezca, entre otras cosas, quién controla la explotación, quién recibe el dinero producido por el oro y si esos recursos fueron destinados a campañas o a incrementar el patrimonio de particulares.
Sin embargo, la eventual financiación de campañas con recursos provenientes de esta explotación es, hasta el momento, una hipótesis planteada por el denunciante que debe ser comprobada por las autoridades.
Los delitos que pidió investigar López Benítez solicitó a la Fiscalía abrir una investigación por una serie de conductas que, según su denuncia, podrían estar relacionadas con la operación.
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Entre ellas están la explotación ilícita de yacimientos mineros, daños a los recursos naturales, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, financiación de grupos armados ilegales y financiación irregular de campañas políticas.
También pidió suspender las actividades mineras que, según asegura, continúan desarrollándose en el predio y adoptar medidas cautelares para evitar que el daño ambiental siga avanzando.
La denuncia no se dirige únicamente contra quienes estarían detrás de la explotación.
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López Benítez también cuestionó la actuación de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, a la que acusa de no haber actuado de manera suficiente frente a las denuncias sobre la presencia de maquinaria y explotación minera.
El propietario pidió establecer si existieron posibles omisiones de funcionarios de la autoridad ambiental y si se incumplieron las obligaciones de vigilancia y protección de los recursos naturales. Estas acusaciones también están pendientes de esclarecimiento.
El Gobierno pone el foco sobre la minería criminal La reacción de Rodrigo Lara se produce en medio de la ofensiva que el Gobierno ha planteado contra las estructuras que obtienen recursos de la minería ilegal.
En este caso particular, el ministro no anunció una investigación específica sobre las denuncias de López Benítez, pero sí utilizó el caso para insistir en la necesidad de adoptar medidas contra la denominada gran minería criminal.
Mientras tanto, el expediente sobre las 13.000 hectáreas permanece en manos de las autoridades. La investigación deberá determinar quién controla realmente la explotación, qué personas participan en ella, cuál es el origen y destino de las ganancias y si existe alguna relación entre el dinero producido por la extracción ilegal de oro y las campañas políticas mencionadas en la denuncia.
Preguntas y respuestas
- ¿Qué dijo Rodrigo Lara sobre la minería ilegal en el Chocó?
- El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el Gobierno adoptará “fuertes medidas contra la gran minería criminal” y anunció que presentará un Estatuto Antiterrorista ante el Consejo de Política Criminal. Su pronunciamiento se produjo después de compartir una investigación sobre la denuncia relacionada con un predio de 13.000 hectáreas en Nóvita.
- ¿Dónde están las 13.000 hectáreas denunciadas por minería ilegal?
- Los terrenos están ubicados, según el denunciante Jesús Carmelo López Benítez, en el corregimiento de San Lorenzo, zona rural de Nóvita, Chocó. López Benítez afirma que heredó la propiedad de su padre y que actualmente estaría ocupada para actividades de minería ilegal.
- ¿Cuántas retroexcavadoras estarían operando en el predio de Nóvita?
- El propietario denunciante asegura que más de 100 retroexcavadoras estarían trabajando en los terrenos. La información corresponde a su denuncia y deberá ser verificada por las autoridades competentes.
