Una semana después de que la Fiscalía anunció que citaría a Miguel Quintero a una audiencia de imputación de cargos por presunta corrupción, una funcionaria de la Fiscalía que no tenía ninguna relación con el caso entró al expediente respectivo y descargó archivos digitales. Actualmente esos materiales gozan de reserva y todavía más en aquel tiempo.
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El anuncio del ente investigador se había hecho el 10 de julio ya entrada la noche y la peculiar intromisión habría sido el 16 del mismo mes. Ambos hechos fueron mencionados este miércoles por la fiscal que lleva el proceso penal en el que el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero está respondiendo, ya en calidad de imputado, por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, esto con el fin de argumentar por qué él debe afrontar el resto del proceso entre rejas.
Los hechos que se le endilgan tienen que ver con la contratación presumiblemente amañada del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2021 y 2022, por un valor de $17.656 millones. También fueron objeto de imputación el entonces subdirector administrativo y financiero de esa entidad, Álvaro Villada, la asesora jurídica Vanesa Álvarez y Sebastián Ortega, hijo de un cuestionado político de Bello.
Estos habrían cobrado $2.481 millones por concepto de una coima ilegal que habría ido a los bolsillos de Miguel Quintero, de Villada y de Ortega.
Tras el aval que le dio el juez 27 Penal de Medellín a la lectura de los cargos el martes pasado, este miércoles la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública procedió a solicitar la medida intramural en una exposición que duró más de tres horas y ahí fue que mencionó que aunque no presume como punto de partida la mala fe de una colega en la institución, sí solicitó que se investigue la hasta ahora inexplicada entrada de esta al expediente que ella lleva.
Lo dijo dentro de un apartado en el que buscaba explicar su teoría de que se estaría tejiendo toda una estrategia para afectar el proceso, un argumento para solicitar que Miguel Quintero vaya a la cárcel mientras que se desarrolla el proceso judicial.
La privación de la libertad se puede pedir por varias razones: por la gravedad de los delitos y la contundencia de las pruebas, porque el indiciado pueda afectar la investigación, porque represente algún riesgo para la sociedad o porque haya peligro de que se escape y bastaría con que cumpla una de esas condiciones.
En este caso, la delegada de la Fiscalía justificó elementos relativos a las cuatro causales con relación a Quintero y fue especialmente prolífica al hablar de la posible afectación de la investigación.
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Igualmente, tras mencionar las copiosas consultas al portal de la Rama Judicial donde está el caso (por lo menos 334 contada la de la funcionaria de la entidad) relató que entre el 26 y 27 de agosto pasado el abogado defensor de Quintero, Santiago Trespalacios, se acercó a su despacho para averiguar si era verdad que se estaban adelantando algunas actuaciones y dio a entender que ambos hechos le hacen sospechar que alguien estaría accediendo a información que debería estar bajo reserva.
Al respecto, Trespalacios intervino para aclarar que las preguntas que le hizo se basaban en datos que obtuvo de la misma plataforma, y que son públicos.
Desfile de abogados por El Pedregal
Pero además, de acuerdo con la fiscal, habría toda una estrategia para disuadir o intimidar a Misael Cadavid, quien se ha constituido en un testigo clave con la información que ha suministrado a partir del principio de oportunidad del que goza.
La funcionaria mostró los registros que comprueban que mientras este estuvo detenido en la cárcel El Pedregal, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, tuvo 17 visitas de abogados que pretendían asesorarlo o “dándole consejos” de cómo debía afrontar el proceso.
Otro visitante fue Germán Osorio, su exconductor, que de acuerdo con el relato de imputación, habría sido la persona que convertía en plata contante y sonante los cheques que emanaban de los bomberos para que posteriormente Cadavid o el tesorero y contador de los bomberos Juan Alberto Cardona se los entregaran a sus destinatarios en fajos envueltos en bolsas de plástico negras.
También estando en El Pedregal, Ortega le habría mandado el mensaje de que podía tramitar un traslado hacia la más amigable cárcel de La Estrella (valía $400 millones) y le ofreció la asesoría de dos abogados, sin costo. “Yo le mandé decir que yo me ocupaba de mi situación”, le habría respondido Cadavid.
Otros visitantes habrían sido el personero de Itagüí, Jhon Fredy Ortiz, quien dijo actuar en nombre de su “jefe”, Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndole sus buenos oficios. También habría estado en esos predios el cuestionado excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, a quien la fiscal identificó como cercano a los hermanos Quintero, y de acuerdo con Cadavid, le habría recomendado no someterse a principio de oportunidad porque eso lo hacía “quedar con un montón de enemigos”.
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Igualmente, la familia de Cadavid, incluida su hija, habrían sido abordadas por personas con fines similares a los anteriores.
Pero la otra parte de la estrategia, sostiene la Fiscalía, consistiría en ablandar y desprestigiar a Cadavid. Por ello alguien le habría ofrecido dinero a una expareja a cambio de que suministre información sobre este con el fin de desprestigiarlo. El plan se habría concretado mediante una publicación hecha en un medio de comunicación el 31 de agosto pasado en la que ella denuncia la supuesta violencia intrafamiliar que sufrió durante los doce años que duró la unión marital entre ambos e igualmente menciona que este sería mitómano y sufre desequilibrios mentales, como para desacreditar las declaraciones que ha dado, según la fiscal.
Un complemento de la misma treta sería el eco que el exalcalde Daniel Quintero hizo de los anteriores mensajes con el fin de sacar en limpio a su hermano, echarle el agua sucia a Cadavid y cuestionar la actuación de los funcionarios de la Fiscalía que actúan en el proceso.
La participación de Miguel Quintero en los ilícitos que se imputaron habría sido determinante y sería otra razón para requerir medida intramural. Recalcó la fiscal que no necesitó ostentar un cargo público para actuar como jefe de toda la operación dentro del Amva, y trajo a colación el testimonio de María Janeth Rúa, otra de las implicadas, según la cual “cuando llegaba Miguel decían, ahí llegó el dueño de la entidad; paraban el ascensor, se bajaban en el segundo piso y seguían para la dirección”, dijo ella.
Cadavid fue contundente al afirmar que “el señor Miguel Quintero era el que direccionaba la contratación del Área Metropolitana (...) siempre fue Miguel Quintero”.
La fiscal habló de las reuniones en las que habría actuado Miguel para finiquitar lo relativo a la coima y la manera como habría dado las instrucciones para tejer la urdimbre necesaria con el fin de que todo saliera como él necesitaba, pasando por la contratación de personas que le obedecieran en dependencias clave, como la subdirección ambiental.
El otro argumento para la detención de Quintero sería la posibilidad que tiene de evadirse si ve la posibilidad de una sentencia en contra, pues aparte de no depender de un empleo, posee gran capacidad económica como para salir del país y tiene visa para ingresar a Estados Unidos. Esto considerando además que el interés indebido puede tener una pena de entre 74 y 216 meses, mientras que el peculado da por lo menos 96 meses, con el agravante de la cuantía comprometida que puede generar un aumento de la condena hasta el equivalente a la mitad de esta.
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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Por qué la Fiscalía pidió enviar a Miguel Quintero a la cárcel?
- La Fiscalía pidió una medida de aseguramiento intramural contra Miguel Quintero porque considera que se cumplen las causales legales relacionadas con la gravedad de los delitos, la solidez de las pruebas, un posible riesgo de afectación de la investigación y el peligro de fuga. La fiscal señaló elementos relacionados con las cuatro causales durante su exposición ante el juez.
- ¿Qué delitos le imputaron a Miguel Quintero por los contratos del Área Metropolitana?
- A Miguel Quintero le fueron imputados los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación está relacionada con contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por $17.656 millones.
- ¿Qué pasó con la funcionaria de la Fiscalía que ingresó al expediente de Miguel Quintero?
- La fiscal del caso informó que una funcionaria de la Fiscalía que no tenía relación con la investigación ingresó al expediente el 16 de julio y descargó archivos digitales que estaban bajo reserva. La fiscal dijo que no parte de presumir mala fe, pero solicitó que se investigue esa entrada al expediente porque hasta ahora no existe una explicación sobre el acceso.
- ¿Por qué la Fiscalía cree que alguien podría estar afectando la investigación contra Miguel Quintero?
- La fiscal mencionó varios hechos que, a su juicio, podrían indicar accesos o acciones destinadas a afectar el proceso, entre ellos las numerosas consultas al expediente en la plataforma de la Rama Judicial, el ingreso de una funcionaria ajena al caso y las visitas de abogados a un testigo clave mientras permanecía detenido. La defensa de Quintero respondió que las preguntas formuladas por su abogado se basaron en información pública disponible en esa plataforma.
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