Laura Sarabia, una de las funcionarias más poderosas del gobierno de Gustavo Petro, pasó este lunes al banquillo de los imputados para responder por tres cargos relacionados con el presunto abuso de funciones cometido contra su exniñera Marelbys Meza. Y tras escuchar la severa exposición de la Fiscalía, se declaró inocente.
La exfuncionaria fue imputada este lunes por su presunta responsabilidad en la trama para someter al polígrafo a Meza, en la que también hay varios policías implicados. Los cargos endilgados son abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
De esta manera, la politóloga, quien trabajó primero con el cuestionado Armando Benedetti, ingresó a un listado de altos funcionarios de la pasada administración con procesos penales en curso, como los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; y el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; o la joven Juliana Guerrero.
Entre agosto de 2022 y junio de 2023, Sarabia fue jefa del Despacho Presidencial, de donde salió por el escándalo con Meza; volvió como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), entre septiembre de 2023 y febrero de 2024; de ahí pasó a ser directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en donde estuvo entre febrero de 2024 y enero de 2025.
Del Dapre dio el salto al Ministerio de Relaciones Exteriores para ser canciller, entre enero y julio de 2025. Finalmente fue embajadora en el Reino Unido, entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tiempo en el cual la Fiscalía fue estructurando el expediente.
La orden al coronel Feria
Ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, el ente acusador sostuvo que Sarabia sabía que las actuaciones que realizó estaban por fuera de sus funciones y que, aun así, decidió llevarlas a cabo.
Para el ente acusador, su formación académica, experiencia en el sector público, cargo y conocimiento de la administración estatal, le permitían comprender que estaba actuando de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando se presentó un presunto hurto en su apartamento. La Fiscalía reveló que todo ocurrió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje.
El ente acusador reveló que Sarabia envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, Andrés Parra, pero, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la empleada.
Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla. Fue entonces cuando Sarabia contactó al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la polémica prueba del polígrafo a Meza.
En ese punto, al ser imputada, la Fiscalía explicó que la exembajadora no tenía facultades para activar aparatos de inteligencia del Estado ni para ordenar la práctica de un polígrafo a una persona que trabajaba para ella.
Por eso, consideró que se habrían utilizado atribuciones que no le correspondían para resolver un asunto personal.
“Se comunicó vía telefónica con el coronel Carlos Alberto Feria Coldrago y le ordenó que le practicara una prueba de polígrafo a Marelbys Meza Hueves. Horas más tarde, ese mismo domingo 23, usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esta prueba”, dijo la Fiscalía y agregó: “En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal”.
En la audiencia, sostuvo que esa actuación configura el delito de abuso de función pública, porque habría ejercido funciones que legalmente no le correspondían.
La presión indebida
El segundo cargo imputado es constreñimiento ilegal agravado. En este punto, el ente acusador aseguró que Sarabia se habría valido de la relación de superioridad laboral que tenía sobre Meza para lograr que aceptara someterse al polígrafo.
La Fiscalía señaló que la mujer dependía económicamente de su trabajo y que, por esa razón, se encontraba en una posición de vulnerabilidad frente a su empleadora.
“La simetría de poder que tenía con Marelbys, por ser su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad. El trabajo que desempeñaba la señora Meza con ustedes, trabajo estable. La remuneración que devengaba era el único sustento de la señora Marelbys. Ella tenía miedo de perderlo si no aceptaba su exigencia”, añadió la fiscal durante la diligencia.
Según el expediente, Meza consideraba que someterse a la prueba era la única forma de proteger su trabajo. “Ella estaba convencida de que someterse al polígrafo era la única vía para salvaguardar su libertad, su trabajo y demostrar la inocencia frente a su empleador”, expuso.
El ente acusador también explicó que Sarabia habría utilizado el poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial para ejercer presión sobre Meza. Entre las actuaciones mencionadas, están el incremento del esquema de seguridad de la mujer, el despliegue de oficiales en su residencia y los procedimientos de investigación a los que fue sometida la trabajadora.
“Usted, doctora Sarabia, se valió de medios derivados del poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial, y que se manifestaron ese 29 de enero de 2023 con el incremento de su esquema de seguridad, el despliegue de oficiales en su residencia, los actos de investigación a los que fue sometida la empleada”, agregó.
Para la Fiscalía, estos elementos fueron suficientes para doblegar la voluntad de Meza y hacer que aceptara el polígrafo por temor a las consecuencias que podía enfrentar si se negaba.
“Estos eran medios coactivos que tuvieron la idoneidad suficiente para doblegar la voluntad de Marelbys, que bajo ese temor se sometió al polígrafo por el miedo fundado de que una negativa derivaría en una presunción de culpabilidad, su incriminación y la eventual privación de su libertad”, reveló la fiscal.
El peculado por uso
El tercer delito imputado es peculado por uso. La Fiscalía aseguró que Sarabia habría hecho que se utilizaran bienes y equipos del Estado para realizar el procedimiento, pese a que estos tenían unas funciones específicas y no podían ser empleados para atender asuntos particulares.
La Fiscalía reiteró que ella conocía las normas que delimitaban sus funciones y que, por su cargo, formación y experiencia, sabía que no podía ordenar este tipo de actuaciones.
“Usted emitió una orden fuera de su competencia. Conocía la Resolución 0047 de 2023 y el Decreto 2647 de 2022, que enmarcaban sus funciones en la asesoría política, la coordinación de agenda y la seguridad nacional. Sabía que sus atribuciones legales no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia del Estado ni ordenar la práctica de pruebas de uso específico”, precisó la fiscal.
“Cuando le pidió a Marelbys Meza que se sometiera al polígrafo, sabía que ella era su subordinada laboral. Conocía el desequilibrio de poder y sabía que Meza no tenía posibilidades reales de negarse a la práctica de la prueba”, agregó la imputación.
Y concluyó que la exmano derecha de Petro habría utilizado equipos técnicos de la Fuerza Pública para atender un asunto personal.
“También sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían finalidades específicas y que estaba determinando su uso indebido para satisfacer intereses privados”, dijo.
Los tres delitos fueron imputados en modalidad dolosa. Es decir, la Fiscalía sostiene que la mujer conocía las actuaciones que estaba realizando y que actuó voluntariamente. En el caso del abuso de función pública y el constreñimiento ilegal agravado fue señalada como autora, mientras que en el peculado por uso fue imputada como determinadora.
Sarabia ya había anticipado que no aceptaría las imputaciones, y así lo dijo cuando la juez le preguntó: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía”.
Su defensa, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, anunció que continuará en el proceso con el objetivo de demostrar que la exfuncionaria no cometió esos delitos.
Durante la audiencia, un abogado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia (actual Gobierno De la Espriella) aseguró que esa entidad se considera víctima de los hechos al enfatizar que el polígrafo se llevó a cabo en los sótanos ubicados frente a la Casa de Nariño.
Lo que sigue en el proceso penal será una audiencia de medida de aseguramiento, en la cual se determinará si Sarabia va a la cárcel, a detención domiciliaria o sigue en libertad, mientras avanza el expediente.
Los demás funcionarios involucrados
Es importante indicar que hay más funcionarios involucrados en el episodio de Marelbys Meza y Laura Sarabia. La situación incluyó a varios policías de la Sijín y la Dijín acusados de conspirar para obtener órdenes de interceptación para los celulares de la niñera y de otra de las empleadas, Fabiola Perea, con el falso argumento de que eran presuntas integrantes del Clan del Golfo.
Por ese hecho fueron condenados a 11 y 12 años de cárcel, en primera instancia, el capitán Carlos Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, de la Dijín; su caso está en proceso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
También fueron sentenciados dos miembros de la Sijín de Bogotá: el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales, a 10 años de prisión, bajo el argumento de que manipularon documentos oficiales para que una fiscal autorizara las “chuzadas” telefónicas. Los condenaron por fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público agravado.
El subintendente de la Sijín Fredy Gómez Bustamante firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagará cuatro años por fraude procesal y falsedad en testimonio.
La misma situación aplica para un civil, Rafael Ricardo Santos Puente, quien purgará los cuatro años por haber fungido como falso informante.
En el expediente también aparece el capitán Óscar Mojica Cordón, exjefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín de Bogotá, quien firmó un principio de oportunidad para obtener beneficios en la pena, a cambio de suministrar información a la Fiscalía.
El exjefe de la Casa Militar de la Presidencia, coronel Carlos Feria, está acusado por estos hechos y en proceso de ser llamado a juicio oral. Al igual que Sarabia, se ha declarado inocente.
Este episodio, conocido en la opinión pública y la prensa como “las chuzadas de Laura Sarabia”, está ensombrecido por la muerte en extrañas circunstancias del coronel Óscar Dávila, coordinador del Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República y quien en aquel momento era subordinado de Feria.
También era sospechoso de participar en esta trama, y el 9 de junio de 2023 murió por un disparo en la cabeza dentro de una camioneta de la Policía, en Bogotá.
La Fiscalía certificó inicialmente que se trató de un suicidio, pero luego han surgido versiones extraoficiales dentro de la Policía y de exfuncionarios del Gobierno, que no descartan un asesinato.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué la Fiscalía rechazó 5 veces la opción de justicia restaurativa que buscaba Laura Sarabia en el caso de las “chuzadas”?
- - - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - --
ANEXO: “El maletín de Laura nunca se perdió”, aseguró la niñera Marelbys Meza
En entrevista con el programa periodístico Los Informantes, Marelbys Meza recordó lo que sucedió cuando fue acusada de la pérdida de la maleta.
En su relato, la entonces empleada contó que al llegar al apartamento encontró a varias personas esperándola, entre ellas policías y personas con bata blanca.
Según dijo, Andrés, el esposo de su jefa Laura Sarabia, la llevó aparte y le habló de la supuesta pérdida de una gruesa suma de dinero.
“Mari, acá toda esta gente es porque aquí se perdió una gruesa suma de dinero. Dime si tú la cogiste y, si tú me dices que la cogiste, pues yo paro todo esto y no pasó nada, me devuelves la plata”, le dijo aparte.
Meza negó haber tomado el dinero. Sin embargo, dijo que posteriormente uno de los policías la señaló directamente por el supuesto robo de la plata.
“Es que usted se robó 150 millones de pesos, devuelva la plata porque usted se la robó”, le advirtió, apuntándole con el dedo.
La mujer también puso en duda que realmente se hubiera perdido la maleta en la que presuntamente estaba ese dinero.
“El maletín nunca se perdió, el maletín ahí estaba”, aseguró en su declaración, en la que sostuvo que las autoridades le tomaron huellas y muestras, tanto del maletín como de sus manos.
En la entrevista, Meza aseguró que aceptó someterse al examen de polígrafo porque, según le dijeron, negarse podía ser interpretado como una señal de culpabilidad.
“Le manda a decir la doctora que si usted cogió algo de plata, pues que tranquila, no pasa nada, pero que le devuelva el resto”, afirmó que le dijeron las autoridades en aquel momento.
Meza agregó que, antes de la prueba, escuchó que alguien habría dicho que ella tenía que reprobar la prueba, como si se tratara de un montaje: “Ella tiene que perder el polígrafo sí o sí”.
Todo ocurrió, según su relato, sin que su familia supiera dónde estaba. “Nadie sabía que yo estaba haciendo un polígrafo, a mí me han podido desaparecer”, afirmó.
Hoy por hoy, cuando han pasado más de dos años de aquellos hechos, Marelbys sigue sin saber qué fue lo que pasó. Aseguró que nunca entendió por qué Sarabia tomó esas medidas contra ella, pues nunca había tenido problemas con la funcionaria.
“Yo siempre me he preguntado por qué Laura me hizo esto. Yo nunca tuve un inconveniente con ella, nunca”, dijo.
Meza fue maestra de escuela hace varios años, y entró al oficio de niñera de la mano de unos italianos. Estuvo nueve años con ellos, y después una amiga la llamó para que trabajada en la vivienda de Armando Benedetti, durante la campaña presidencial de Gustavo Petro (2021-22).
Fue Benedetti quien la conectó con Laura Sarabia, cuando esta tuvo su bebé.
Contó que en la actualidad su vida es muy distinta a la que llevaba cuando trabajaba para esa mujer.
En sus palabras, quedó estigmatizada por esta situación, al punto de que nadie quiere contratarla para evitarse problemas.
“Mi vida hoy es hacer empanadas, hacer hayacas, hacer pasteles, y las personas que me conocen me hacen pedidos”, manifestó.
BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Cuáles son los delitos por los que la Fiscalía imputó a Laura Sarabia?
- La Fiscalía imputó a Laura Sarabia por abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, todos en modalidad dolosa.
- ¿Laura Sarabia aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía?
- No. Sarabia rechazó los tres cargos durante la audiencia y afirmó ante la juez: “No acepto los cargos narrados por la Fiscalía”. Su defensa, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, anunció que buscará demostrar su inocencia.
- ¿Qué otros funcionarios fueron condenados por las interceptaciones a Marelbys Meza?
- Por las interceptaciones telefónicas fueron condenados en primera instancia el capitán Carlos Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, de la Dijín, a 11 y 12 años de prisión, respectivamente. También fueron condenados integrantes de la Sijín de Bogotá, mientras que otros involucrados llegaron a acuerdos o recibieron beneficios dentro del proceso.
Regístrate al newsletter