El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó el cierre de todas las mesas de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro que, según el Ejecutivo, no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
“Se ha dado por terminada la participación en los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación”, señaló el Gobierno.
Entre los procesos que llegan a su fin están las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, también se cerró el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, así como la mesa con el Frente Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La decisión supone así el cierre de los principales escenarios de diálogo que el gobierno de Petro había instalado con diferentes estructuras armadas en el marco de su apuesta por negociar simultáneamente con distintos grupos ilegales.
También se terminan los espacios con bandas criminales. Por ejemplo, la conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
También con las bandas de Buenaventura, puntualmente con estructuras como Los Espartanos y Los Chotas. Se menciona el fin de las negociaciones con el Clan del Golfo, también llamado el Ejército Gaitanista de Colombia.
Y, en Chocó, se cerró el diálogo con Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS; al igual que en Antioquia con alrededor de 17 bandas que operan en el Valle de Aburrá.
El Gobierno también anunció que se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, otro de los mecanismos heredados de la política de negociación de la administración anterior.
La nueva administración justificó la decisión bajo una premisa: no mantener escenarios institucionales que, según el Ejecutivo, puedan ser utilizados por grupos armados para prolongar sus actividades criminales, obtener beneficios procesales o evadir la justicia.
El Gobierno sostuvo que quienes tengan una voluntad real de abandonar las armas tendrán como camino el sometimiento a la justicia.
“Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”, señaló el Ejecutivo.
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