Madre e hija fueron enviadas a prisión porque, según probó la justicia, tomaron decisiones conscientes, violentas y reiteradas que terminaron con la vida de un animal indefenso en Sincelejo, Sucre.
Un juez de conocimiento de Sincelejo concluyó que Teresita de Jesús Alcocer Puentes y su hija, Arlin Winneth Cuello Alcocer, no solo actuaron con crueldad, sino que desoyeron cualquier alternativa distinta a la agresión extrema y por ello fueron condenadas cada una a 32 meses de prisión (2 años y 8 meses).
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Todo comenzó con una situación común en muchos barrios: el ladrido insistente de un perro. ‘Rommy’, una canina de raza pastor alemán, permanecía en un predio del barrio Santa Helena, en Sincelejo. Su comportamiento generó incomodidad en las ahora condenadas, quienes, de acuerdo con la investigación, reaccionaron desde la intolerancia y la furia.
Lejos de acudir a mecanismos legales, a autoridades o a organizaciones protectoras de animales, madre e hija optaron por ejercer violencia directa.
¿Qué hicieron madre e hija?
Las pruebas demostraron que el 8 de octubre las mujeres atacaron al animal dentro de su propia vivienda. En la terraza del inmueble, ‘Rommy’ fue quemado, lo que le causó heridas graves y finalmente la muerte. El ataque, según se estableció en el proceso, no fue accidental ni producto de un descuido, sino una acción intencional que implicó sufrimiento prolongado para el animal.
Este hecho configuró el delito de muerte a animal agravado, una figura penal que contempla sanciones más severas cuando se demuestra sevicia, dolo y desprecio por la vida del animal. Para el juez, la conducta de ambas mujeres cumplía plenamente con estos elementos.
La condena se sustentó en material probatorio recolectado por la Fiscalía Seccional Sucre, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma). Testimonios, registros técnicos y análisis del contexto permitieron demostrar cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron responsables.
Inicialmente, el proceso derivó en una pena de 8 meses de prisión. Sin embargo, a medida que avanzó el juicio y se evaluó la gravedad de lo ocurrido, el despacho judicial determinó que la sanción debía ser mayor, fijando finalmente una pena de 32 meses de cárcel para ambas procesadas.
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