La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó ayer a Rodrigo Guerrero Velasco como candidato a la Alcaldía de Cali, al certificar que 68.780 firmas presentadas por el aspirante son válidas y que superan al mínimo legal exigido de 50.000 apoyos para inscribirse.
De esta manera, la Dirección de Censo Electoral reversó la decisión en la que había rechazado su postulación para el cargo.
La Registraduría informó que Rodrigo Guerrero Velasco aportó realmente 116.060 firmas, de las cuales 68.780 resultaron válidas. Sin embargo, la máxima institución electoral en el país aclaró que Guerrero Velasco también aportó 47.280 firmas irregulares que fueron descartadas.
Firmas invalidadas
En el informe entregado por Carlos Ariel Sánchez Torres, registrador nacional del Estado Civil, se pudo establecer que Guerrero Velasco remitió 736 firmas que corresponden a personas fallecidas y 611 de personas detenidas con pérdida de derechos políticos. También en la revisión de las firmas se encontró que 5.469 pertenecen a personas que no existen en el Archivo Nacional de Identificación; 8.227 por inconsistencias entre el nombre y el número de la cédula; 13.694 por no hacer parte del censo electoral de Cali; 1.820 por no hacer parte del censo electoral nacional; 4.378 por estar repetidas; 1.789 por datos incompletos y 9.052 por uniprocedencia, es decir por estar suscritas por un mismo amanuense. De hecho se encontraron 275 páginas de formularios diligenciadas por una misma persona.
Comisión en Cali
El 20 de agosto la Registraduría envío una comisión especial a Cali para revisar las firmas aportadas por Guerrero Velasco. El análisis contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Es por ello que el 25 de agosto la Registraduría eliminó la técnica de muestreo para la revisión de firmas y a partir de esa fecha la entidad hace la revisión de las firmas, una por una.
Luego del anuncio, el presidente del Polo Democrático, Jaime Dussán, aseguró que según un documento de la Procuraduría el candidato Guerrero Velasco está inhabilitado para contratar con el Estado hasta el 2014, por el incumplimiento en un contrato de explotación minera.
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