Mientras hoy la Agencia Nacional de Minería (ANM) y autoridades mineras delegadas como la Gobernación de Antioquia reabren la radicación de propuestas de contratos de concesión minera, la Contraloría General de la República (CGR) ve inconveniente esta decisión porque aún no se han evacuado todas las solicitudes represadas y sin tener un catastro minero confiable.
Esta ventanilla estuvo cerrada desde febrero de 2011 después del escándalo del "carrusel minero", cualquiera podía solicitar con la cédula un título minero, y su reapertura se volvió clamor colectivo del sector y cientos de inversionistas interesados en explorar el subsuelo colombiano.
María Constanza García Botero, presidenta de la ANM, afirma que el nuevo sistema de radicador web desde la página www.anm.gov.co procesará las solicitudes "bajo criterios de transparencia, eficacia, seguridad y mayor cobertura, garantizando el acceso de los ciudadanos en igualdad de condiciones". Incluso, el nuevo sistema cuenca con el acompañamiento de la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía.
Sin embargo, la contralora Sandra Morelli Rico, emitió el jueves pasado una función de advertencia en la que señala que de 19.629 solicitudes mineras represadas a febrero de 2011, se ha dado trámite a 12.977 y aún se encuentran pendientes de trámite otras 6.653.
Por su parte, la viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez, dijo al diario La República que "se han resuelto 17.134 solicitudes en primera instancia, y 12.957 en segunda instancia. De estas, 1.287 se han convertido en títulos (6 por ciento)".
Pero la contralora Morelli va más allá y llama la atención de que abrir la ventanilla de solicitudes "podría ocasionar el otorgamiento de títulos mineros en zonas donde no debe permitirse la minería, como los ecosistemas de páramos, humedales (...) áreas de reserva forestal y otras con categorías de protección ambiental y áreas estratégicas que deben excluirse de la minería", señala carta enviada a la ANM y ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía.
Frente a esa advertencia, el Gobierno, al día siguiente, el viernes pasado, expidió el decreto 1374, en que ordena al Ministerio de Medio Ambiente que tiene un mes para señalar las áreas de reserva natural por un año y en "las cuales podrán culminar con la declaración definitiva de áreas excluibles de la minería".
Con todo, el ente de control también toca el espinoso tema de las consultas previas con comunidades étnicas en zonas de interés minero y conmina al Gobierno para que garantice los derechos de estas poblaciones.
"La declaratoria de utilidad pública e interés social de la industria minera, ha ocasionado conflictos en varias regiones del país, por cuanto se ha privilegiado dicha actividad sobre los derechos fundamentales de las comunidades aledañas a los proyectos mineros", concluye Morelli
Están claras las hondas diferencias de criterio entre la autoridad minera y el mayor ente de control. Solo el tiempo determinará quién tiene la razón.
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