La petición que hizo ayer la delegación de la Corte Penal Internacional al Gobierno sobre el proceso de paz, que este debe respetar el Estatuto de Roma, redunda en un compromiso: No puede haber impunidad.
El exmagistrado Carlos Gaviria cree que de esta manera se le recordó al país que así esté en un proceso de paz con justicia transicional, la firma del Estatuto obliga a Colombia a "sancionar las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a que las personas infractores de esos delitos sean juzgadas de manera legítima".
El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, dijo que el Estatuto de Roma "establece que los crímenes de guerra (violaciones al Derecho Internacional Humanitario), el genocidio y los crímenes de lesa humanidad (violaciones a los Derechos Humanos), no son amnistiables y la pena que se establece en esos crímenes es pena de reclusión".
Tanto Gaviria como Nieto coinciden en que el Gobierno, en caso de que se firme la paz con las Farc, está obligado a condenar a los culpables de estos delitos, aunque sea con penas no proporcionales a la calidad de los crímenes.
El exmagistrado aseguró que los modelos de justicia transicional tienen una característica: "Se sacrifica un poco la justicia por un bien mayor, la paz. A uno no le cabe en la cabeza que una persona que haya cometido homicidio, secuestro y más, resulte condenada a menos años que un raponero, que un ladrón. Pero en beneficio de la paz sucede, la justicia, transitoriamente, resulta afectada".
Aunque, según dijo Rafael Nieto, el derecho internacional "tiene una debilidad en capacidad de sanciones e infracciones", si Colombia no cumpliera con las obligaciones adquiridas por su firma del Estatuto, la CPI podría remitir a ser juzgado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
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