Un posible detrimento patrimonial, estimado en 1.047 millones de pesos, detectó la Contraloría General de la República en la Compañía Productora de Caucho San Pedro, que se financia con recursos del Estado.
Así se estableció tras una auditoría realizada a la empresa localizada en San Pedro de Urabá, por haber efectuado pagos a los contratistas sin los respectivos soportes que permitieran determinar el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual pone en evidencia la falta de control y seguimiento en la gestión administrativa, que pueden afectar la producción.
El informe de la Contraloría determinó que el proyecto Productora de Caucho de Urabá debía realizar la siembra de un total de 800 hectáreas para el año 2007. Sin embargo, a diciembre de 2008 apenas se había cumplido esa tarea en 218 hectáreas.
Según el hallazgo de la auditoría, es notoria la ausencia de controles en la ejecución del proyecto por parte de la Incubadora Agropecuaria (Incuagro), entidad a la que el Gobierno Nacional le entregó recursos para poner en marcha la productora de caucho. Además, advirtió una deficiente gestión que no ha permitido alcanzar el punto de equilibrio productivo en el tiempo previsto.
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