En 208 artículos quedaron plasmados los instrumentos jurídicos y administrativos para conseguir una meta que a simple vista se vislumbra descomunal: reparar a cuatro millones de víctimas del conflicto armado en Colombia a un costo fiscal que el Gobierno aún no se atreve a predecir.
Tras dos años de debates políticos y polarización, al proyecto de la ley de víctimas que fue aprobado por el Senado el pasado martes solo le resta el trámite de una conciliación la próxima semana en la Cámara de Representantes y a mediados de junio se convertirá en Ley de la República, cuando el presidente Juan Manuel Santos estampe su firma en el texto final.
El mandatario anticipó ayer que planea sancionar la ley durante la visita del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.
"Es una ley histórica para sanar heridas", dijo el Jefe de Estado ayer en Tibú, en su primera declaración sobre la aprobación del proyecto de ley que presentó al Congreso el 27 de octubre de 2010 y que ha calificado como prioridad de su Gobierno.
¿Quiénes son víctimas?
Según el artículo tercero del proyecto, se definen como víctimas "aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales, por el conflicto armado interno, por hechos ocurridos a partir del primero de enero de 1985, siempre que este menoscabo sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario". El texto establece otras categorías que incluyen a familiares y cónyuges.
Este es uno de los apartes que reconoce la existencia del conflicto armado interno, aunque el proyecto de ley señala que "los miembros de los grupos organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas".
El presidente Santos reiteró ayer su postura de excluir a guerrillas y bandas criminales: "no hay ningún argumento, ninguna posibilidad de que esta ley abra la puerta al reconocimiento de beligerancia de grupos ilegales".
Según el senador Juan Fernando Cristo, ponente coordinador del proyecto, la Ley de Víctimas no discrimina sin importar el victimario y, por eso, al final logró incluir la responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas o agentes del Estado. "Pero las responsabilidades son individuales y no de la institucionalidad como tal", precisó Cristo.
Tres fechas de reparación
El texto aprobado por el Senado establece tres fechas. Cualquier víctima de la violencia, sin importar el año del hecho, puede pedir reparación simbólica y exigir la verdad, pero solo las víctimas de delitos por el conflicto armado desde el primero de enero de 1985 serán reparadas económicamente.
La otra fecha que reconoce reparación monetaria y, además, la restitución de sus tierras, será para las personas despojadas de sus predios por los violentos desde el primero de enero de 1991.
Este fue uno de los temas más debatidos y que nunca encontró consenso entre ponentes, defensores de derechos humanos y las propias víctimas.
"La Ley es importante porque es un reconocimiento a los derechos de las víctimas, pero excluye a afectados de las llamadas bandas criminales", aseguró Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a víctimas en procesos judiciales.
Otros grupos como la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia pedía ampliar la fecha para incluir las masacres de comienzos de los años ochenta.
Uno de los temas que aún generan dudas y que el proyecto no específica es el origen de los millonarios recursos para la reparación (ver recuadro).
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