La administración Obama se prepara para capitalizar el impulso político obtenido con la aprobación de la reforma del sistema de salud para emprender una ambiciosa reforma del sistema financiero norteamericano. La propuesta para reestructurar el marco regulatorio del sistema financiero que está próximo a ser discutida en el Senado de Estados Unidos tiene varias motivaciones.
Tanto la Casa Blanca como el Congreso son conscientes del enorme costo económico y político que ha tenido rescatar bancos, compañías de seguros y entidades de crédito hipotecario que fueron conducidos al borde del colapso por la irresponsabilidad y la codicia de sus directivos.
El análisis retrospectivo de las causas de la crisis demuestra que serias deficiencias en el marco regulatorio gubernamental contribuyeron a crear las condiciones propicias para que participantes importantes en el proceso de intermediación financiera se comportaran como jugadores en un casino. Si la suerte los favorecía, las ganancias se privatizarían. En caso contrario, las pérdidas correrían por cuenta de los contribuyentes. Es decir, se socializarían. La inconformidad con ese estado de cosas se ha acentuado al comprobar que países con regímenes estrictos de regulación estatal del sistema financiero, tales como Canadá, Colombia y Brasil, lograron evitar con relativo éxito el contagio de la crisis.
A los planteamientos relacionados con las políticas públicas se agrega la indignación popular que ha tenido el impacto del trastorno financiero sobre el bienestar de los hogares y la revelación de las recompensas millonarias que han recibido dirigentes financieros a quienes por acción o por omisión les corresponde gran parte de la responsabilidad directa por la crisis.
La propuesta legislativa cuenta con el respaldo de los líderes parlamentarios del partido Demócrata y el Presidente Obama busca corregir las deficiencias regulatorias que se evidenciaron a partir de la debacle de las hipotecas subprime y sus secuelas. Se ha puesto en tela de juicio la conveniencia de permitir conglomerados bancarios de tal tamaño que no puedan ser intervenidos cuando las circunstancias lo exigen, por temor a desestabilizar la totalidad del sistema financiero.
Además de eliminar los vacíos del régimen regulatorio actual, se trataría de promover la transparencia en los mercados financieros para proteger tanto a los inversionistas como a los consumidores y restablecer el clima de confianza.
Se crearía una entidad cuyo mandato sería proteger a los consumidores de abusos en el manejo de los préstamos hipotecarios y las tarjetas de crédito. La Reserva Federal ampliaría y fortalecería sus facultades para vigilar a los intermediarios financieros. Aquellas instituciones financieras que por su gran tamaño podrían constituir un riesgo sistémico estarían sujetas a una monitoría intensificada y a requisitos estrictos de capitalización.
También se impondrían restricciones a la colocación de instrumentos financieros complejos, tales como los derivados, los credit default swaps (pólizas de seguro de incumplimiento), y otros semejantes. Se establecerían límites a las remuneraciones de los ejecutivos de bancos comerciales, compañías de seguro y bancos de inversión. En resumen, el sistema financiero norteamericano tendrá que ajustarse a un régimen regulatorio bastante más estricto.
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