Este año se conmemora el 50º aniversario de la ratificación en Naciones Unidas de la Convención Única sobre Estupefacientes, uno de los pilares del sistema internacional para el control de las drogas. Lo que invita a Colombia a hacer una evaluación desde sus resultados y logros.
El combate a las drogas ilícitas no se debe politizar. Debe ser una temática abordada de manera integral, desde el concepto de la cadena de la droga que requiere de acciones efectivas contra el cultivo, la producción, la distribución, comercialización y consumo. Para el caso colombiano, adicionalmente, en un contexto de violencia y narcotráfico.
La industria ilegal de las drogas se convirtió en una de las fuentes principales de financiación y control social de redes criminales, grupos armados ilegales y terroristas, que atentan contra la gobernabilidad, obstaculizan el desarrollo económico y social, debilitan las instituciones democráticas, aumentan la violencia y la criminalidad, violan los derechos humanos y destruyen el medio ambiente.
En los dos gobiernos del presidente Uribe no tuvimos fórmulas mágicas, pero sí grandes retos, el compromiso de atender al enfermo, la firme decisión de prohibir el consumo y sancionar al delincuente, el renovado compromiso de luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes desde el multilateralismo y bajo los principios rectores de la corresponsabilidad, integralidad, equilibrio y cooperación y en el marco del fiel cumplimiento de los compromisos convencionales que habíamos adquirido.
Al pensar en la legalización para Colombia como solución radical a la problemática de las drogas se estarían perdiendo resultados operativos como: 1.440.662 hectáreas erradicadas y asperjadas, 1.236 extradiciones, 19.773 laboratorios destruidos, el desmantelamiento de 19.170 laboratorios para la producción de pasta, base y clorhidrato de cocaína, entre otros.
Desde el punto de vista de políticas públicas olvidaríamos los dos planes de desarrollo en el marco de la lucha contra las drogas 2002-2006, la estrategia general antidrogas 2003, el programa de desarrollo alternativo para familias guardabosques 2003. En materia normativa, la ley de extinción de dominio con sus reformas posteriores, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 2006, el acto legislativo 2 del 2009, entre otras.
En resumen, un esfuerzo de más de 24 resoluciones, 22 leyes, 4 decretos que reflejan una política constante, permanente y coherente frente a las fluctuaciones del mercado ilegal de drogas 2002-2010.
Firmamos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 2003, la Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos 2004, la Declaración y plan de acción a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas 2009 y la Estrategia Hemisférica sobre Drogas 2010. ¿Cómo hablar hoy de legalización a través de nuevos consensos, desconociendo todos estos compromisos de Estado, no de Gobierno?
Desde la prevención, realizamos la encuesta de consumo más grande y completa hecha en América Latina en los últimos 11 años; los resultados de la misma fueron fuente de preocupación. Nos ubicaron en el segmento de países de consumo intermedio pero con notoria tendencia al aumento, lo que hizo que impulsáramos una visión de salud pública con el acto legislativo 2 de 2009, aún sin reglamentar.
¿Qué pasa entonces con las víctimas de este flagelo? Campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes, niños, niñas y mujeres. ¿Vamos a decirles que cambiaremos la estrategia, contradiciendo los esfuerzos de más de 30 años? ¿Qué pasará con el irreparable daño que generan los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en el medio ambiente?
Se calcula que por el consumo de un gramo de cocaína se destruyen cuatro metros cuadrados de bosque colombiano y que más de dos millones de hectáreas de bosque tropical húmedo han sido deforestadas.
Con la seguridad democrática no sólo se combatió el narcotráfico, sino que se recuperó la confianza y la seguridad de todos los colombianos, con gran eficacia en el combate a los grupos al margen de la ley y bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
¿Podríamos imaginar una Colombia sin secuestrados, sin mulas cargadas de drogas, sin jóvenes adictos, sin violencia y criminalidad financiada con la droga?
Es posible si desde una política de Estado continuamos fortaleciendo nuestras estrategias, conforme a las dinámicas del mercado ilegal de las drogas, pero no con posiciones como la legalización, que nos generaría un caos social y un aislamiento internacional.
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